Ecuador: indigenas en aislamiento voluntario, política petrolera y matanza en la selva

11 abr 2013

Actualmente, autoridades y organizaciones sociales discuten en Ecuador las causas y consecuencias de una matanza entre etnias indígenas ocurrida durante las pasadas semanas. Las organizaciones indígenas exigen soluciones.

Los involucrados en el conflicto son familias o clanes waoranis y taromenanes, de la nacionalidad indígena Waorani. Los taromenanes viven en aislamiento voluntario en la Amazonía ecuatoriana.

Las últimas matanzas

No han sido las únicas matanzas sucedidas en el área. Los taromenane (aislados) los waoranis han sido los protagonistas y víctimas de los enfrentamientos ocurridos los pasados 5 y 29 de marzo 2013, que dejaron un número aún no confirmado de personas muertas. La primera de las matanzas sucedió cuando un grupo de unas 50 familias taromenane atacaron con lanzas a una pareja waorani, compuesta por Ompore quien falleció en el acto y Bogueney que falleció en el puesto médico de la empresa petrolera REPSOL.

Por el momento se desconoce también el lugar exacto en el que tuvo lugar la última de las matanzas, una venganza de la familia waorani de Ompore y Bogueney. El número de indígenas taromenane muertos no ha sido precisado -se ha hablado de entre 18 y 30 personas- y según un dirigente waorani los hechos habrían sucedido dentro del Bloque Petrolero 16, a no menos de tres días de caminata selva adentro. Además, se ha informado que dos niñas indígenas de las familias en aislamiento voluntario que se encontraban en la comunidad de waorani Yarentaro fueron rescatadas por las autoridades del contexto del conflicto. Se estima que habría unos 150 taromenane, mientras que el grupo waorani asentado en la zona de  contaría con otros 150 integrantes divididos en tres clanes.

Desde el pasado lunes 8 de abril, las autoridades ecuatorianas han realizado tres sobrevuelos para inspeccionar la zona pero los cadáveres aún no han sido hallados.

La colonización avanza, la selva se reduce

Los indígenas waorani aceptaron el contacto con la “civilización” desde la década de los cincuenta con la llegada de misioneros evangélicos estadounidenses a la Amazonía ecuatoriana en la que habitan. En aquél momento, el territorio waorani comprendía unos 2 millones de hectáreas. Desde entonces, las familias comenzaron a ser confinadas en una zona que se ha ido reduciendo cada vez más. Por su parte, los tagaeri y taromenane, optaron por el aislamiento voluntario en su territorio, tras haber podido constatar que no les convenía lo que la “civilización” venía a ofrecerles y -tras algunos amargos contactos- rechazaron conscientemente los supuestos beneficios de incorporarse al modo de vida occidentalizado. Ahora viven en la región del Yasuní, concretamente en la zona que ha sido delimitada por el estado ecuatoriano como Zona Intangible, que cada vez se ve más y más reducido, siendo esta la causa de conflictos y enfrentamientos como el de estas últimas semanas. Y viven como vivían todos los indígenas ancestralmente. Para muchos es difícil de entender, pero los aislados simplemente no quieren compartir nuestra idea de Estado, leyes, progreso, crecimiento económico o civilización.

Prefieren la paz y tranquilidad para realizar su vida en la selva, pero para ello necesitan del territorio. Estas familias no viven en asentamientos fijos, sino que recorren su cada vez más reducido territorio, lo que causa encontronazos entre los distintos grupos. Pero los conflictos no se dan sólo con las etnias waorani, sino también con quienes persiguen otros intereses en la selva, sean madereros legales o ilegales, petroleros con sus carreteras y plataformas, colonos, ganaderos, agricultores y cultivos no tradicionales, evangelizadores, miembros de otras etnias, turistas, nuevas infraestructuras, etc.

Precisamente el hecho de confinar a los indígenas en territorios cada vez más pequeños facilita la entrada a los múltiples actores externos a la región. En este análisis coinciden todas las organizaciones indígenas que se han pronunciado sobre las matanzas acontecidas en territorio waorani.

Derechos Indígenas

En 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH otorgó medidas cautelares para la protección de los pueblos no contactados de la Amazonía ecuatoriana. A partir de ese momento se estableció un plan para cumplirlas y se generó una política nacional de pueblos de aislamiento voluntario.

Así, la Constitución ecuatoriana reconoce a los pueblos en aislamiento voluntario la posesión ancestral irreductible e intangible de sus territorios, en los que estarán vedadas todo tipo de actividades extractivas (artículo 57 numeral 21). Internacionalmente, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y el Convenio 169 de la OIT, instrumentos del derecho internacional adheridos ambos por el Ecuador, determinan que los pueblos indígenas tienen el derecho a decidir sobre sus formas de vida de acuerdo a sus usos y costumbres.

Cabe destacar que actualmente, el presidente ecuatoriano Rafael Correa ha anunciado varias reformas a la Constitución y ha criticado a la CIDH negando las medidas cautelares como herramienta para casos de derechos humanos.

A pesar de ellos, al momento no existe una posición oficial de parte del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables (minas y petróleos) en relación a la matanza. No en vano, el actual titular de este ministerio Wilson Pastor, negó en 2010, mientras ocupaba el cargo de presidente de la petrolera Petroamazonas, la existencia de los pueblos en aislamiento voluntario. Con esta premisa, la política petrolera impuso bloques petroleros en los sitios donde viven los pueblos aislados Tagaeri-Taromenane ypermite actividades exploratorias y de explotación. Las petroleras española REPSOL y la china NOMECO operan en la zona.

Mientras, en un comunicado del Ministerio de Justicia del 5 de abril, se afirma que “el Estado a través de sus distintas instituciones mantiene el canal abierto al diálogo con la nacionalidad Waorani. Para efectos de proteger a los pueblos en aislamiento voluntario, se han adoptado varias medidas entre las que se incluye el monitoreo a cargo de personal del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; la restricción de venta de bebidas alcohólicas dentro del área de influencia; el control de armas y municiones, entre otras acciones enmarcadas en la normativa nacional e internacional.” Así dice el Estado ecuatoriano “estar presente en el territorio waorani”, y haber “ejecutado acciones para precautelar los derechos de las nacionalidades indígenas y pueblos no contactados”.

Pero según las organizaciones indígenas, estas son tan sólo medidas administrativas circunstanciales mientras que la responsabilidad del Estado es en realidad otra: evitar la penetración de la Zona Intangible, ya que sólo así se hará posible la vida en libertad de las familias en aislamiento voluntario y la reducción de los enfrentamientos violentos. Se refieren a las actividades extractivas priorizadas por el gobierno desde hace décadas y cada vez en mayor número e intensidad y llevadas a cabo especialmente por las empresas petroleras, madereras o mineras, todas las cuales chocan frontalmente con la protección de los territorios indígenas, y como en este caso muy especialmente los de los indígenas en aislamiento voluntario.

Según se desprende de los relatos construidos en torno a los recientes hechos trágicos en la selva, la contaminación y el ruido, disminuyen las fuentes de alimentación (recolección y pesca) y las enfermedades, la competencia, la manipulación de las comunidades indígenas que producen empresas petroleras junto a la militarización, constituyen el telón de fondo de la actual crisis en la zona y lo que ha empujado a los Waoranis y a los Tagaeri y Taromenani a desplazarse más allá de los territorios tradicionales. Todas estas graves presiones sobre los territorios indígenas provocan los encuentros y conflictos entre Waoranis y los Tagaeri y Taromenani que han desembocado en los enfrentamientos violentos.

En opinión de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE, lo sucedido es el “resultado lógico del modelo de desarrollo económico extractivista y de la colonización acelerada de los territorios indígenas”. Denuncian que en realidad se trata de un problema estructural y de carácter nacional.

Miembros de la campaña Amazonía por la Vida seguran que las políticas públicas han fallado en la protección de los pueblos aislados, al permitir el avance de actividades petroleras en zonas cada vez más delicadas”. Por su parte, la organización Acción Ecológica califica lo sucedido de etnocidio y opina que las responsabilidades se reparten dentro del gobierno ecuatoriano entre diferentes ministerios como el de Recursos No Renovables que fomenta la actividad petrolera en la zona, el de Interior por no acometer apropiadamente la solución del conflicto y de Justicia por la omisión de no garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares de protección de los pueblos aislados. También los waorani contactados que pactan beneficios personales con las petroleras haciéndose dependientes de las mismas y renunciando a su cultura y a su etnia portan su parte de responsabilidad.

Qué temen y qué piden las organizaciones indígenas y sociales

Por las múltiples y continuas amenazas y presiones, principalmente temen al despojo territorial y a su exterminio como pueblos indígenas.

Temen además, que estos hechos se manipulen y se saquen de contexto, desviando la atención y las responsabilidades del Estado, al ser reducidos a “simples enfrentamientos entre indios”, como una “guerra primitiva” o como un “hecho de justicia por mano propia”; y se instrumentalicen para conseguir objetivos como contactar forzadamente a los indígenas en aislamiento voluntario y controlar sus territorios para su explotación.

Definitivamente, la actual XI Ronda Petrolera del Estado Ecuatoriano, la ronda sur-oriental de campos petroleros en curso tiene mucho que ver con los conflictos entre waorani.

Por eso, las organizaciones indígenas incluyendo las de waorani y otras organizaciones sociales y ecologistas piden que se inicie un proceso de largo alcance que involucre al Estado y las autoridades de la nacionalidad Waorani y las nacionalidades de la Amazonia y que implique:

-Una investigación seria y transparente de este lamentable hecho

-No desviar la atención del verdadero problema de fondo que sufren los Waoranis y los pueblos no contactados de la cual el Estado es parte responsable

-Toma de medidas adecuadas en la zona de conflicto

-Una urgente revisión de la política petrolera, maderera y sus consecuencias nefastas

-La retirada de las operaciones petroleras que actualmente se llevan a cabo dentro del Yasuní.

-Coordinación de todas las acciones y actividades con las autoridades Waoranis

-Una mayor sensibilidad y apertura hacia el tema de los indígenas en aislamiento voluntario, ya que este no es un conflicto meramente étnico sino un conflicto más amplio que atenta los derechos de los pueblos indígenas, especialmente de los que se encuentran en aislamiento voluntario.

-El reconocimiento por parte del Estado Ecuatoriano como 'Pueblos de Reciente Contacto' con familias en 'Aislamiento Voluntario'

-El territorio waorani donde viven las familias en contacto y las familias en aislamiento debe ser realmente intangible.

-Ayuda del Relator Especial de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas y otras autoridades en la materia para defender sus intereses



Fuentes:

Página web del Ministerio de Justicia del Ecuador

Comunicado de la Organización de Nacionalidad Waorani de Orellana ONWO

La CONAIE ante los fatales acontecimientos dentro del territorio de la nacionalidad Waorani

Pronunciamiento de la COICA ante la muerte de los Taromenane

Etnocidio: Del horror a la búsqueda de responsabilidades