Ayuda para detener el proyecto Barro Blanco en Panamá

La pasada semana, organizaciones panameñas e internacionales enviaron sendas invitaciones al relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya y al experto independiente en derechos humanos y medio ambiente, John Knox, para visitar el lugar donde se construye la hidroeléctrica Barro Blanco en Panamá.

La solicitud está encaminada a que ambos expertos conozcan detalladamente las violaciones a derechos humanos causadas por el proyecto hidroeléctrico. Se les pide también que soliciten al gobierno de Panamá la suspensión inmediata de la construcción de la represa hasta tanto se haya atendido completamente las amenazas a los derechos del pueblo indígena Ngäbe afectados por el proyecto.

“La represa Barro Blanco afectará directamente al pueblo Ngäbe; sin embargo, ni siquiera fuimos consultados antes de que el proyecto fuese aprobado”, dijo Weni Bagama, una de las líderes Ngäbe del Movimiento 10 de Abril, un movimiento local que defiende el río Tabasará de los proyectos de desarrollo. En septiembre de 2012, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) llevó a cabo una inspección en el área del proyecto y entrevistó a los miembros de las comunidades Ngäbe sobre los impactos del mismo. El informe de evaluación del PNUD confirmó que la represa provocará la inundación de casas y sitios religiosos, históricos y culturales en el territorio Ngäbe-Buglé. El informe también documentó los impactos del proyecto, incluyendo el hecho de que la represa convertirá el flujo del río Tabasará en un ecosistema de aguas estancadas, afectando la dieta y medios de subsistencia de los Ngäbe.

“A pesar de las evidencias de que la represa tendrá graves impactos en el modo de vida y herencia cultural del pueblo Ngäbe, la construcción del proyecto continúa”, añadió Weni Bagama.  “Pedimos al Relator Anaya y al experto Knox que investiguen la situación y hagan todo lo que esté en sus manos para proteger los derechos de las comunidades indígenas afectadas”.

“El foro público en donde se discutió el proyecto fue convocado como reuniones comunitarias sin informar claramente de su objetivo real, además no hubo representatividad de las comunidades indígenas afectadas”, dijo Tania Arosemena, Directora Legal del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM). Asimismo, señaló que “el proceso de consulta pública no cumplió con los estándares mínimos exigidos por las normas nacionales e internacionales correspondientes”. En el año 2011, CIAM presentó una demanda en representación de miembros del pueblo Ngäbe, solicitando la declaratoria de nulidad de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. El caso se encuentra aún en espera de sentencia por la Corte Suprema de Justicia de Panamá.

Las organizaciones panameñas que firmaron las cartas dirigidas a los Relatores Anaya y Knox fueron CIAM, Movimiento 10 de Abril, la Asociación Ambientalista de Chiriquí. CIEL, Earthjustice, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), International Rivers, Carbon Market Watch, Both ENDS, Collective Voices for Peace, Salva la Selva y Marin Interfaith Task Force on the Americas son las organizaciones internacionales que firmaron esta carta.