Salvando miles de hectáreas de selva en Indonesia
"Protege la selva - La selva nos protege". Mujer protesta en Indonesia contra la deforestación en la provincia de Papúa Occidental (© Pusaka)
Papúa alberga las últimas grandes áreas de selva tropical aún intacta del sudeste asiático (© Richard Mahuze)
Primero llega la carretera, luego los madereros y finalmente la explotación de los recursos naturales. (© Pusaka)
27 ago 2021
Un gran éxito para la selva tropical y un paso más hacia el fortalecimiento de los derechos indígenas a sus territorios. Papúa Occidental mira con lupa a decenas de empresas de aceite de palma. Se les han revocado sus permisos a 14 de ellas, y seguirán otras 24. Se están salvando así más de 300.000 hectáreas de selva tropical.
Es el resultado del trabajo de organizaciones indígenas junto con autoridades y ambientalistas. Gracias a la histórica decisión quedan esperanzas: "Queremos que el gobierno provincial de Papúa Occidental detenga a futuro la deforestación creciente y se centre únicamente en un desarrollo económico que preserve el bosque con sus recursos naturales y respete a los habitantes", afirma Franky Samperante, de Pusaka.
Papúa Occidental es una provincia indonesia situada en la isla de Nueva Guinea. Indonesia tiene otra provincia, llamada Papúa, en la misma isla. Y al este de la isla se encuentra el estado de Papúa Nueva Guinea.
Con el apoyo de las organizaciones EcoNusa y Pusaka, contrapartes de Salva la Selva, han conseguido que el gobierno indonesio revisara durante los últimos meses los permisos para las plantaciones de palma aceitera.
Hasta el momento se han retirado 14 permisos a grandes empresas palmicultoras. Pronto habrá resoluciones sobre otros 24 procedimientos abiertos por infracciones administrativas y legales. La superficie de estas concesiones es de 293.213 hectáreas. Se trata en gran parte de selva tropical intacta, hogar de innumerables especies como aves del paraíso y canguros arborícolas (Dendrolagus), que constituye el medio de vida de diversas comunidades indígenas.
Tras numerosas protestas locales, campañas nacionales e internacionales, investigaciones y conversaciones de los grupos de presión, el gobierno de la provincia de Papúa Occidental inició finalmente una amplia investigación. Con la colaboración de la agencia nacional anticorrupción KPK y de organizaciones de la sociedad civil están examinando los permisos de 38 empresas en Papúa Occidental y decenas más en la vecina provincia de Papúa.
Como resultado se han encontrado numerosas irregularidades, como la superposición de permisos de diferentes autoridades y funcionarios, permisos han caducado o que faltan parcialmente. El resultado provisional que ha llevado a la retirada de los permisos es impactante. La misma se produce tras años de reclamaciones de las comunidades indígenas de Papúa Occidental exigiendo sus derechos territoriales frente a las empresas de aceite de palma.
El 20 de mayo de 2021, más de 200 personas protestaron en contra de las empresas de aceite de palma frente a la residencia oficial del jefe del distrito de Sorong, exigiendo que el gobierno no relajara el control de las licencias.
"Hoy venimos de la comunidad indígena Tehit porque rechazamos a las empresas de aceite de palma", dice Yuliana Kedemes una líder comunitaria. "No permitimos que vengan aquí porque ¿dónde vivirán nuestros hijos y nietos en el futuro? Así que pedimos al gobierno que revoque los permisos de aceite de palma".
En la organización Pusaka, con la que trabajamos en la región, celebran la decisión del gobierno provincial como un paso importante hacia el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas de Papúa Occidental. "Revocar las licencias de las empresas es el paso legal correcto para acabar con las injusticias sociales y económicas y devolver los derechos forestales a los habitantes ancestrales, porque sólo ellos garantizan la preservación del bosque y lo utilizan de forma sostenible", afirman desde Pusaka.
Tras la revocación de las concesiones, los derechos relacionados con el uso de estos bosques deben volver inmediatamente a manos de las comunidades indígenas. Las ONG temen que se concedan nuevas licencias para estas áreas a otras empresas, por ejemplo, mineras.
Por eso, tras este éxito obtenido para el bosque, es importante que se certifiquen oficialmente los derechos forestales de los pueblos indígenas. Porque sólo de esta manera se puede proteger los bosques y evitar que se entreguen a las empresas. Los permisos para las plantaciones de palma aceitera significan la tala de grandes áreas, de 35 a 95 años de herbicidas, daños ambientales y la pérdida de muchas especies. Especialmente en los bosques de Papúa, la mayoría de las especies no están investigadas.
Actualmente, tres empresas palmicultoras han presentado una demanda en el Tribunal Administrativo de Jayapura contra la retirada de sus licencias. Allí, el jefe del distrito de Sorong está defendiendo ahora los derechos de la población.
También en la vecina provincia de Papúa se están evaluando 58 empresas de aceite de palma. Habrá sanciones contra 35 si las autoridades y los tribunales siguen las sugerencias de la Comisión Anticorrupción y las ONG. Crece las esperanza de que el gobernador de Papúa se atreva a dar el mismo paso que su homólogo de Papúa Occidental. Así se podría salvar de la deforestación medio millón de hectáreas de selva tropical.
Una vez más queda demostrado que las campañas y los grupos de presión dan sus frutos cuando todos se unen en solidaridad y en exigencia de derechos.
