Engaño y abuso en la selva amazónica de Brasil con proyectos de compensación de CO2

Vista aérea con nubes de un río serpenteando por la selva tropical amazónica Selva amazónica en el estado de Pará (© Felipe Werneck/Ibama/CC BY-SA2.0)

7 nov 2023

En la región amazónica, en Portel, comerciantes de carbono han vendido, al parecer ilegalmente, créditos para áreas de selva tropical propiedad del Estado y habitadas por comunidades locales. Además, los operadores no habrían realizado controles eficaces en las zonas forestales, habrían engañado a la población engatusádola con dádivas.

La Defensoría Pública del estado brasileño de Pará ha presentado cinco demandas contra la prefectura de Portel y varias empresas nacionales y extranjeras que operan proyectos de compensación de carbono en la selva tropical de Portel, exigiendo su cancelación. La autoridad quiere impedir los proyectos ilegales de CO2 que se llevan a cabo sin la autorización del estado de Pará y violan los derechos de las comunidades.

Los casos fueron destapados el año pasado por el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM por sus siglas en inglés), con sede en Montevideo, Uruguay. La organización ecologista y de derechos humanos calificó las actividades de colonialismo de carbono y publicó información sobre numerosas irregularidades y prácticas cuestionables.

Ahora, el grupo mediático brasileño O Globo denuncia el negocio con una investigación detallada y un reportaje de vídeo de 16 minutos sobre cómo los operadores han ganado millones con la venta de créditos de CO2. Los proyectos RMDLT, Pacajaí y Rio Anapu-Pacajá se sitúan en el municipio de Portel, a unos 250 kilómetros al oeste de Belém, en la selva amazónica. Cubren una superficie forestal total de 4.519 kilómetros cuadrados. Supuestamente, se trata de proyectos de protección climática y forestal -los llamados proyectos REDD- con una duración de hasta 40 años.

Los proyectos de CO2 violan la legislación territorial

Según la Defensoría Pública, las áreas que reclaman los proyectos de CO2 del sector privado se solapan con áreas forestales estatales (es decir, tierras públicas) para las que las autoridades locales del estado de Pará no han concedido permisos. Según la autoridad, los responsables de los proyectos de CO2 han violado la legislación territorial y han hecho caso omiso del derecho de la población a la consulta previa, libre e informada.

Alrededor de 1.500 familias viven a lo largo de los ríos de la zona. Las empresas entraron en los asentamientos de la selva sin autorización estatal, sin estudios previos y sin control de las autoridades, realizaron inspecciones e inventarios forestales y registraron a las familias. Según O Globo, los operadores de los proyectos de CO2 aparentemente también utilizaron títulos de propiedad en la selva tropical que fueron declarados inválidos y anulados hace muchos años.

Tales proyectos no proporcionan una protección eficaz de la selva tropical y el clima

Se trata de proyectos sobre el papel que en la práctica no ofrecen ninguna protección ambiental efectiva en las áreas forestales afectadas de la región amazónica, cita O Globo a la abogada de defensa agraria Andreia Barreto, autora de las denuncias. Las empresas que han comprado estos créditos de carbono no han compensado de forma efectiva las emisiones que han causado.

Entre los compradores de los créditos de CO2 en cuestión figuran empresas internacionales como las compañías aéreas Air France y Delta Airlines, el fabricante de pasta Barilla, el grupo químico y farmacéutico Bayer, el fabricante aeronáutico Boeing, los productores de electrónica Kingston, Samsung y Toshiba, el fabricante eléctrico Siemens Energy y el club de fútbol británico Liverpool.

Probablemente, las empresas adquirieron los certificados en el mercado del carbono de manera legal. Sin embargo, al parecer, no realizaron ninguna comprobación y confiaron en los vendedores y certificadores de carbono involucrados. Los créditos de carbono ofrecen a los compradores una solución cómoda, rápida y barata. En lugar de reducir sus emisiones contaminantes a cero de manera efectiva, pueden compensarlas con los créditos y presentarse así como respetuosos con el clima.

Los tres proyectos están certificados con el sello Verified Carbon Standard (VCS) de la organización estadounidense Verra, número 1 mundial en el negocio de este tipo de créditos privados de CO2 . Verra declaró a O Globo que tiene los proyectos registrados y que la organización trabaja conjuntamente con la Defensoría Pública. Sin embargo, Verra niega su responsabilidad, ya que los proyectos registrados son auditados y validados por terceros. Las auditorías suelen ser encargadas por los propios organizadores de los proyectos.

La población local fue engañada y no tiene ninguna ventaja

Aunque el mercado de carbono sea privado, lo que se está negociando es un bien público, porque el bosque es un bien público según la Constitución, explica a O Globo Ione Nakamura, jefa del departamento jurídico y coordinadora del Departamento de Conflictos de Tierras del Ministerio Público del Estado de Pará.

Da la impresión de que las empresas se embolsan los beneficios, mientras que la responsabilidad de mantener el bosque sigue recayendo en el Estado y los municipios, prosigue Nakamura. Estos últimos reciben poco a cambio porque los proyectos no están bien consensuados. Los municipios no han recibido el asesoramiento técnico y jurídico que necesitan para examinar estos proyectos y negociar con las empresas en pie de igualdad.

Los habitantes de los asentamientos se quejan de que no han recibido ni un céntimo de la venta de los créditos de carbono generados por los proyectos. En su lugar, se les entregaron cestas de comida, camisetas y cocinas de hojalata para alimentar con leña, que, afirman, no sirven para nada. También se les engañó con documentos del registro ambiental, que les mostraron como si fueran documentos de propiedad de la tierra, lo que no es el caso.

En las demandas, la Defensoría Pública exige que se garanticen los derechos territoriales de las comunidades de los cinco asentamientos en terrenos públicos y que se declaren nulos los proyectos con los créditos de carbono y todas las transacciones relacionadas. Además, se debe impedir que los responsables de los proyectos entren en los asentamientos y se debe pagar a los afectados una indemnización moral por daños colectivos por un total de 5 millones de BRL en un proceso judicial, según las demandas.

Verra ha publicado un comunicado en cada una de las páginas de los tres proyectos en el que se indica que la organización ha abierto un período para que se lleven a cabo nuevas validaciones y verificaciones. Durante este proceso, se ha suspendido la emisión de nuevos créditos de carbono de los proyectos.


  1. Defensoría Pública del estado brasileño de ParáDefensoria Pública do Estado do Pará, 31.07.2023. Defensoria do Pará ajuíza cinco ações para suspender construção de projetos de crédito de carbono em Portel https://defensoria.pa.def.br/noticia.aspx?NOT_ID=5969

  2. colonialismo de carbonoWRM 2022: Neocolonialismo en la Amazonia: Proyectos REDD en Portel, Brasil: https://www.wrm.org.uy/es/publicaciones/neocolonialismo-en-la-amazonia-proyectos-redd-en-portel-brasil

  3. vídeo de 16 minutosO Globo, 2.10.2023. Defensoria do Pará aponta irregularidades em projetos de créditos de carbono na Amazônia:https://g1.globo.com/pa/para/video/defensoria-do-para-aponta-irregularidades-em-projetos-de-creditos-de-carbono-na-amazonia-11988936.ghtml

  4. proyectos REDDREDD son las siglas de Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación de los Bosques), cuya traducción aproximada es "reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques". Este concepto, muy controvertido por muchas razones, pretende financiar la protección de los bosques como reservas de carbono.

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