Sierra Leona: robo de tierras para palma aceitera

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Su excelencia Dr. Dr. Ernest Bai Koroma, Presidente de Sierra Leona

Estimado Sr. Presidente:

le escribo con mucha preocupación acerca de un negocio de tierras entre el gobierno de Sierra Leona y la compañía SOCFIN Agriculture Company S.L. Ltd (SAC) en el territorio Malen, distrito Pujehun. Este negocio hace aun más precaria que antes la situación de los campesinos que viven allí.

En su discurso presidencial en la reciente apertura del parlamento, describió usted las actividades de SAC como un gran éxito que siguió a sus esfuerzos de traer inversores extranjeros al país. Fue el Ministro de Agricultura, Bosques y Seguridad Alimentaria, Dr. Sam Sesay, quien firmó para el gobierno los contratos de arrendamiento para más de 6.500 hectáreas en el territorio Malen, distrito Pujehun. Después, arrendó a su vez la tierra a SOCFIN para 50 años, con la posibilidad de prolongar el contrato otros 21 años. Me preocupa que este negocio con las tierras no supone ninguna ventaja para los propietarios de la tierra ni para sus usuarios tradicionales. Principalmente las mujeres, que están condicionadas a los cultivos tradicionales para obtener alimentos e ingresos. Este negocio entre el gobierno y SOCFIN no reduce la pobreza rural ni contribuye a la seguridad alimentaria de la población que usted estableció como el principal objetivo de su presidencia.

Estudios científicos sobre este negociado con las tierras critican la falta de transparencia. A los ocupantes de las tierras no se les comunicaron ni siquiera las condiciones básicas del contrato. Previamente no hubo mediciones de las tierras en cuestión para que se pudiera hacer mapas. Los asentamientos de población no fueron contemplados en las negociaciones y por eso tampoco se pensó en compensarlos adecuadamente. Se acusa al principal negociador de haber obligado de manera violenta a los pobladores a firmar acuerdos. A otros pobladores ni siquiera se les preguntó ni se les dio informaciones relevantes a tiempo. No se respetaron los criterios de inversión de su ministerio (MAFFS) y de la Agencia para el Fomento de las Inversiones y Exportaciones en Sierra Leona (SLIEPA) ya que estos no son vinculantes. En el negocio con SAC no existen los principios de “buenas prácticas”, establecidos por la ONI, el Banco Mundial y la FAO.

La manera en la que surgió este negocio con las tierras contradice la “buena gobernanza” -iniciativa de su “Campaña para el cambio de comportamiento”. Según fuentes locales, los contratos de arrendamiento y subarrendamiento no están registrados, los estudios de impacto ambiental no cumplen con los estándares de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA), y aún así la empresa está involucrada en otros grandes negocios en el país. Comprobaciones legales de dichos contratos demuestran que no se atienen a la ley.

El pago de un millón de leones (menos de 230 dólares) por un acre (0,4 hectárea) de plantación de palma de aceite productiva para un período de 50 años, la tasa de 12,5 dólares por hectárea, las generosas ventajas impositivas y para la inversión así como otras ventajas (acceso y uso de agua, clausula de estabilidad, entre otras), garantizados a la empresa por el Estado, abren el interrogante sobre cómo se va a beneficiar el estado de tal negocio.

Cartas con quejas y recomendaciones de los pobladores de las tierras han sido ignoradas por las partes negociadoras. Por intentar resolver los conflictos de manera pacífica, algunos pobladores fueron amenazados y encarcelados. Quince pobladores están procesados y por las tensiones entre trabajadores y la dirección de la empresa hubo más detenciones después de una brutal intervención policial. Los pobladores se oponen a los contratos de arrendamiento y los trabajadores protestan contra atrasos en los pagos y otros problemas.

En el territorio Malen hay ahora contingentes policiales armados que se dice están pagados por la empresa. Llama la atención su comportamiento represivo durante actos y celebraciones tradicionales, en las que irrumpen complicando aún más la situación.

Reportes sobre las condiciones laborales en las plantaciones elevan las preocupaciones sobre el sustento de las familias. Los contratos laborales son informales. Trabajadores que antes eran campesinos productivos se ven obligados ahora a trabajar en las plantaciones de monocultivo por 10.000 leones diarios (2,3 dólares). Esto no alcanza para compensar la pérdida que han sufrido. La empresa SAC no proporciona a los trabajadores ropa de trabajo adecuada, herramientas o atención médica.

Estas son las condiciones que subyacen al conflicto y organizaciones de la sociedad civil advirtieron del potencial conflicto de este y otros negocios con la tierra.

Estimado Sr. Presidente, es por eso que le pido urgentemente que:

1. Detenga inmediatamente los trabajos de SAC en curso.
2. Exija que se hagan públicos todos los documentos relativos a este negocio de tierras para que
3. se pueda elaborar un análisis objetivo de costos/usos
4. Conforme una comisión para investigar sin fisuras el negocio que se ha hecho con las tierras.
5. Imponga su peso político para acabar pacíficamente con este conflicto y para proteger a los pobladores y usuarios de la tierra afectados de más saqueo.

Atentamente,