Entra en vigor Acuerdo de Escazú y queda mucho por hacer
Defender la naturaleza, una actividad que en Latinoamérica puede volverse peligrosa (© Cesar Von Bancels)
6 may 2021
Un nuevo tratado regional pone sobre la mesa los cada vez más numerosos conflictos socio ambientales y las amenazas que sufren quienes defienden la naturaleza en Latinoamérica: el Acuerdo de Escazú. Considerado pionero, entró en vigor el pasado 22 de abril 2021. Pero tener tratados y leyes no significa que vayan a cumplirse y respetarse.
América Latina es la región del mundo más peligrosa para las defensoras y defensores del medio ambiente, como lo reflejan los informes de Global Witness, Amnistía Internacional y Front Line Defenders. Urgía tomar medidas y la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú es una buena noticia. Pero la defensa del medio ambiente y los derechos humanos es un trabajo continuo en el que no puede bajarse la guardia, y el nivel de implementación de las medidas que dispone está por ver.
De hecho, algunos países, entre estos algunos de sus impulsores como Chile y Costa Rica aún no lo ratifican, argumentando que podría suponer incidencias en sus propias políticas ambientales.
Entre las medidas que dispone el Acuerdo de Escazú, los gobiernos y empresas privadas deben permitir el acceso a la información, a la justicia y la participación pública en todos los proyectos que tengan impactos sobre el medio ambiente. Y llevar a cabo consultas públicas sobre temas ambientales. También cuenta con una cláusula vinculante promovida por las organizaciones de la sociedad civil que participaron en las discusiones, que exige la protección de las defensoras y defensores del medio ambiente. Este es el punto que da el carácter pionero al tratado. Durante las discusiones que se llevaron a cabo en la negociación del tratado, estuvo muy presente el caso de Berta Cáceres, líder indígena asesinada en 2015, y los de muchas otras personas que se vieron envueltas en graves conflictos ambientales y vieron sus vidas en riesgo o sesgadas.
Si bien como decimos, no da una solución inmediata a las violaciones de derechos humanos que sectores industriales y empresariales cometen a menudo en relación a sus proyectos y poniendo el interés de sus empresas por encima de los derechos humanos, constituye un avance al reconocer la existencia de un problema y conceder un marco regulatorio de medidas a tomar.
El Acuerdo contiene importantes elementos. Una economía sólida y un auténtico desarrollo sólo se puede construir sobre un medio ambiente sano, sobre la transparencia y con una población informada. Si no existe un respeto pleno de los derechos humanos no se puede considerar sana y legítima. Además otorga herramientas concretas a las organizaciones de la sociedad civil como vigilantes de su cumplimiento. Todavía hay mucho camino por recorrer, y de hecho, muchos sectores empresariales se han mostrado escépticos ante el Acuerdo, lo que muestra la urgencia de seguir vigilando, reivindicando derechos y trabajando en defensa del medio ambiente.
De los 24 países que negociaron y firmaron el Acuerdo de Escazú, tan solo 12 lo han ratificado tras aprobarlo en sus congresos nacionales a la fecha de su entrada en vigor.
