Es muy urgente proteger a las defensoras y defensores de derechos humanos y la naturaleza

Al menos 196 personas defensoras de la tierra y el medioambiente fueron asesinadas el año pasado por intentar proteger el planeta, según un nuevo informe de Global Witness publicado hoy, en colaboración con socios de todo el mundo. Las nuevas cifras elevan a 2.106 el total de asesinatos de personas defensoras entre 2012 y 2023. 

El año pasado, Colombia resultó ser el país con la mayor tasa de homicidios de todo mundo, con 79 muertes en total, frente a las 60 de 2022 y las 33 de 2021. Se trata de la cifra más alta registrada por Global Witness de personas defensoras asesinadas en un país en un solo año. Con 461 asesinatos entre 2012 y 2023, Colombia ha acumulado el mayor número de homicidios de activistas ambientales registrados en todo el mundo. 

El año pasado, otros países latinoamericanos con una elevada tasa de ataques mortales fueron Brasil, con 25, y México y Honduras, con 18 cada uno. 

Centroamérica se ha convertido también en uno de los lugares más peligrosos del mundo para las personas defensoras. En 2023 Honduras registró el mayor número de homicidios de personas defensoras per cápita, con un total de 18. Ese mismo año también se asesinó a 10 personas defensoras en Nicaragua, 4 en Guatemala y 4 en Panamá.

En todo el mundo, los pueblos indígenas y afrodescendientes siguieron siendo víctimas de una cantidad desproporcionada de ataques mortales: el 49 %. 

Laura Furones, autora y asesora principal de la campaña de las personas defensoras de la tierra y el medioambiente de Global Witness, declaró:

Mientras la crisis climática avanza apresuradamente, quienes alzan voz con valentía para defender nuestro planeta se enfrentan a actos de violencia, intimidación y asesinato. Nuestros datos indican que el número de homicidios sigue siendo escandaloso y los Gobiernos no pueden mantenerse impasibles ante esta situación completamente inaceptable: deben tomar medidas contundentes para proteger a las personas defensoras y abordar las causas ocultas de la violencia que sufren. Las personas activistas y sus comunidades son esenciales en cualquier labor para prevenir y reparar los daños y perjuicios causados por las industrias nocivas para el medioambiente. No podemos permitirnos la pérdida de más vidas; no lo toleraremos.

Si bien sigue siendo difícil establecer una relación directa entre el homicidio de una persona defensora e intereses empresariales concretos, Global Witness determinó que la minería fue el mayor móvil industrial con diferencia, con 25 personas defensoras asesinadas tras oponerse a operaciones mineras en 2023. Otros sectores involucrados fueron la pesca (5), la explotación forestal (5), la agroindustria (4), las carreteras e infraestructuras (4) y la energía hidroeléctrica (2). 

En total, 23 de los 25 asesinatos vinculados a la minería en todo el mundo el año pasado ocurrieron en América Latina. Por otra parte, más del 40 % de todos los asesinatos relacionados con esta industria entre 2012 y 2023 tuvieron lugar en Asia, región que cuenta con importantes reservas naturales de los principales minerales críticos para las tecnologías energéticas limpias. 

Además de señalarse el número de homicidios a escala mundial, en el informe también se ponen al descubierto las tendencias más generales de las agresiones sin consecuencias mortales y los efectos dañinos que estas tienen en las comunidades de todo el mundo. Se destacan casos de desapariciones forzadas y detenciones ilegales, tácticas crueles que se usan en Filipinas y México en particular, así como el uso generalizado de la criminalización para silenciar a personas activistas en todo el mundo.

En el informe se analiza también la represión del activismo ambiental en el Reino Unido, Europa y los Estados Unidos, donde cada vez se usa más la legislación para atacar a las personas defensoras y se imponen condenas más duras a quienes han participado en protestas contra el cambio climático. Estas conclusiones van de la mano de una tendencia preocupante de criminalización que está surgiendo en todo el mundo.

En el informe se expone la criminalización a la que se enfrenta Jonila Castro, activista filipina secuestrada por el Ejército de su país en 2023, quien manifestó: 

Incluso después de ser liberadas de nuestro secuestro, las amenazas continuaron. La vuelta a nuestro hogar y comunidad está siendo difícil. Siguen vigilándonos, señalándonos e intimidándonos. Los ataques para silenciar a quienes trabajamos en defensa del medioambiente entorpecen nuestras labores de protección del planeta y de los derechos de las personas.

Existe un vínculo estrecho entre la devastación ambiental y las violaciones de los derechos humanos que potencian los Gobiernos y los sistemas extractivos que ellos promueven. Nuestra experiencia pone de relieve la urgente necesidad de un mayor reconocimiento y protección de activistas de la comunidad y ecologistas que luchan por la justicia climática en el mundo.

A pesar de la escalada de la crisis climática y de las promesas de los Gobiernos de alcanzar el objetivo establecido en el Acuerdo de París de limitar el calentamiento mundial a 1,5 °C, las personas defensoras de la tierra y el medioambiente cada vez sufren más las diversas agresiones con las que se intenta frenar sus esfuerzos por proteger el planeta. Al menos 1.500 de estas personas han sido asesinadas desde la aprobación del Acuerdo de París, el 12 de diciembre de 2015.

Nonhle Mbuthuma, autora del prólogo del informe y ganadora del premio Goldman de Medioambiente en 2024, comentó:  

En todos los rincones del planeta, quienes se atreven a denunciar los efectos devastadores de las industrias extractivas, como la deforestación, la contaminación y el acaparamiento de tierras, se enfrentan a actos de violencia e intimidación. Particularmente notorio es el caso de los pueblos indígenas, que son imprescindibles en la lucha contra el cambio climático y, sin embargo, año tras año sufren un número desproporcionado de agresiones.

Sin embargo, la brutalidad de esos ataques saca a la luz una realidad oculta: el poder que ejerce la gente corriente cuando se une por la justicia. Los dirigentes tienen el deber de escucharnos y garantizar que las personas que defendemos la tierra y el medioambiente podamos ponernos en pie, estemos donde estemos, sin temor a represalias. Esta responsabilidad recae directamente sobre todas las naciones ricas y con recursos del mundo.

La investigación de Global Witness sobre violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente puede descargarse en su página web.