El voto de la vergüenza: gobierno argentino contra los pueblos indígenas
Afafan o grito colectivo del Pueblo Mapuche por las luchas y resistencias de las comunidades. Junio de 2023. (© Carolina Blumencrank)
Dos mujeres Mapuche durante una protesta ante la Legislatura de la provincia de Río Negro en diciembre 2023 (© Carolina Blumencrank)
Marcha de los pueblos Mapuche-Tehuelche, 2022 (© Carolina Blumencrank)
15 nov 2024
Argentina fue el único país de los 169 presentes en la Asamblea General de las Naciones Unidas en votar en contra de una resolución sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Argentina está siendo objeto de atención (y vergüenza) internacional debido a su postura en contra de una resolución sobre los derechos de los pueblos indígenas en la Asamblea General de la ONU, sucedida en los pasados días en Nueva York.
Lo que se persigue en las Naciones Unidas con la resolución es reforzar el compromiso internacional para proteger y promover los derechos de las comunidades originarias en diferentes áreas, como la protección del medio ambiente, el acceso a la justicia y la preservación de sus culturas y lenguas.
El voto negativo del gobierno argentino merece un análisis aparte. De manera errática, argumentan que el documento no garantiza suficientemente los derechos universales de los pueblos indígenas y que algunas prácticas ancestrales podrían contradecir los derechos de mujeres y niñas, así como el derecho a la salud y el progreso científico. Está claro que el gobierno del presidente Javier Milei interpreta la defensa de los territorios por parte de los pueblos indígenas como un obstáculo a su apuesta por el extractivismo y por la entrega del territorio a las empresas para su explotación. Cabe destacar que, días después, Argentina también fue el único país en votar en contra de una resolución de la ONU para intensificar los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, lo que contradice su explicación del voto contrario a los derechos indígenas.
La decisión ha generado muchas críticas y sobre todo gran preocupación ya que, históricamente, Argentina ha acompañado con votos favorables numerosas resoluciones relativas a los derechos de los Pueblos Indígenas.
Los Pueblos y Naciones Indígenas preexistentes en Argentina, junto a organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil de todo el país emitieron un comunicado denunciando "el borramiento y aniquilación de los Pueblos y Comunidades Indígenas preexistentes en Argentina" y haciendo incidencia sobre el hecho de que el voto en contra "no exime al Estado argentino de su responsabilidad en garantizar y dar cumplimiento a cada uno de los compromisos internacionales asumidos sobre los derechos de los pueblos indígenas vigentes en nuestro país".
Orlando Carriqueo, Werken (mensajero) del parlamento mapuche de la provincia de Río Negro, se refirió al voto del gobierno argentino diciendo que "denota el fuerte avance de los estados sobre los territorios comunitarios e indígenas, con distintos argumentos. El principal es la violación del derecho a la consulta y al consentimiento, algo que no se aplica, mientras que la votación era un pedido (a los países) a hacer un mayor esfuerzo para la aplicación de los derechos indígenas". La política que está llevando adelante el gobierno en Argentina no sólo afecta negativamente los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, sino los de muchos otros colectivos sociales. "Más allá de quién gobierne, hay una obligación de la Argentina como Estado a cumplir con los pactos internacionales", puntualiza Carriqueo.
En esta línea, la diputada Mónica Macha presentó un proyecto de resolución ante la Cámara de Diputados de la Nación, con su "más enérgico repudio". El voto negativo es un retroceso tanto en materia de derechos humanos como en política exterior de Argentina.
La Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) emitió un comunicado que dice: "es un nuevo avance en contra del reconocimiento de los derechos indígenas consagrados en nuestra Constitución Nacional desde hace 30 años, sumado a los retrocesos en políticas públicas que se han ido desfinanciando en detrimento de los intereses de los Pueblos Indígenas, en un contexto de fuerte impulso de un modelo productivo extractivista solo posible con el avance sobre los territorios.” Y explican que “refuerza en el ámbito interno la negación de su preexistencia étnica y cultural, de sus instituciones, del derecho a la participación y consulta en todos los actos y decisiones que afecten los intereses de los pueblos indígenas”.
El rumbo de la política exterior del país está generando debate también a nivel internacional. Guadalupe Rodríguez, integrante argentina de la organización alemana Salva la Selva/ Rettet den Regenwald, teme un aumento tanto de la vulnerabilidad de los pueblos indígenas como de la conflictividad como consecuencia esta política ultra neoliberal de extrema derecha del actual gobierno argentino “Las relaciones de otros gobiernos con Argentina deberían ser más exigentes, en un momento en el que proliferan los proyectos mineros y otros de ocupación del territorio, debido tanto a las propuestas de transición energética como a la continuación del avance de la frontera sojera, y con ella la deforestación, incendios y todas las consecuencias que trae consigo este modelo de negocios que se alimenta de la destrucción y la muerte”.
Carriqueo añade por su parte que "en toda Latinoamérica, muchos estados se han volcado al negocio extractivista, hipócritamente en el marco de la discusión mundial de la transición energética, sin relacionarla con algo que para nosotros es central: la bajada del consumo. Se pretende seguir desarmando los territorios indígenas para extraer minerales que lo único que logran en verdad es perpetuar el genocidio. No hay más que observar los fenómenos (climáticos) extremos que tienen lugar todos los días en cualquier parte del mundo". Y nos invita a reflexionar acerca de las políticas criminales de algunos de los gobiernos recientemente elegidos, que criminalizan las protestas, no garantizan los derechos ambientales ni de los pueblos indígenas mientras apuntan a perpetuar el genocidio que comenzaron hace ya más de 500 años.
La Resolución de las Naciones Unidas, aprobada con 161 votos a favor,7 abstenciones y una voto en contra (el de Argentina) advierte y prescribe a los Estados Miembros acerca de una serie de temas de importancia, entre los que se encuentran:
- Reconocer la importancia del Consentimiento Previo, Libre e Informado en el diseño de toda política pública que se quiera realizar en los territorios donde viven comunidades indígenas; Instar a la protección de los pueblos indígenas y sus comunidades contra desplazamientos forzosos de sus territorios;
- Reforzar la participación plena, igualitaria y significativa de los pueblos indígenas, en particular, de las niñas y mujeres indígenas y personas indígenas con discapacidad;
- Alentar a adoptar planes de acción con un enfoque intergeneracional para preservar, revitalizar y promover las lenguas indígenas;
- Reconocer la necesidad de examinar y adoptar medidas para eliminar los obstáculos que entorpecen el acceso a la justicia de los Pueblos Indígenas y en condiciones de igualdad;
- Alentar no sólo a los Estados, sino también al sector privado a garantizar prácticas empresariales sostenibles y responsables que aborden el impacto ambiental adverso de ciertas actividades en las tierras y territorios de los Pueblos Indígenas.
Enlace a la Resolución de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (A/C.3/79/L.21/Rev.1)
numerosas resoluciones relativas a los derechos de los Pueblos Indígenas
Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, reafirmando los propósitos y principios que figuran en la Carta de la ONU, y resoluciones del Consejo de Derechos Humanos y del Consejo Económico y Social relativas a los derechos de los Pueblos Indígenas
65/198, de 21 de diciembre de 2010, 66/142, de 19 de diciembre de 2011, 67/153, de 20 de diciembre de 2012, 68/149, de 18 de diciembre de 2013, 69/2, de 22 de septiembre de 2014, 69/159, de 18 de diciembre de 2014, 70/232, de 23 de diciembre de 2015, 71/178, de 19 de diciembre de 2016, 71/321, de 8 de septiembre de 2017, 72/155, de 19 de diciembre de 2017, 72/247, de 24 de diciembre de 2017, 73/156, de 17 de diciembre de 2018, 74/135, de 18 de diciembre de 2019, 75/168, de 16 de diciembre de 2020, 76/148, de 16 de diciembre de 2021, 77/203, de 15 de diciembre de 2022, y 78/189, de 19 de diciembre de 2023
Francia, Laos, Lituania, Mali, Rumania, Bulgaria y Eslovaquia
