Sarayaku, cuando el pueblo dice ‘no’

12 nov 2009

11/11/2009 Sarayaku es un pueblo kichwa, un lugar casi completamente cubierto por bosques; está ubicado en la provincia de Pastaza, a 200 km al sureste de Quito. Allí, en 140 mil hectáreas de Amazonía, viven unas mil personas. En 1989 la empresa estadounidense ARCO pretendió realizar trabajos de exploración, allí, en ese espacio, que el Ministerio de Minas y Petróleo denominó bloque 23. Ellos, los kichwas de Sarayaku, dijeron no, y sostuvieron su decisión.

Siete años después desembarcó la argentina Compañía General del Combustibles (CGC)* asociada a la norteamericana Burlington, y los kichwas de Sarayaku volvieron a decir no y a sostener su decisión. Han pasado dos décadas y hasta el momento la exploración no se concretó, pero la amenaza es permanente. En 20 años pasaron muchas cosas, demandas a nivel nacional e internacional, campañas en un lado y en el otro, y en el territorio la presión fue mucha. Los kichwas sufrieron todo tipo de atropellos, persecuciones e incluso la militarización de Sarayaku; pero siguieron diciendo no. En mayo último el ministro de Minas y Petróleo, Derlis Palacios -poco después reemplazado por Germánico Pinto-, informó que CGC podía reiniciar sus operaciones en el bloque 23. La empresa lo consideró inviable y siguió sus trámites en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial -más conocido por su sigla, CIADI-, donde demanda al Estado ecuatoriano por incumplimiento del contrato. Actualmente el Grupo de Intervención y Rescate de la policía intenta retirar los 1400 kilos de pentolita -explosivo plástico- que, en su intento de realizar la sísmica, la petrolera plantó en el lugar -distribuidos en 465 puntos. De los recuerdos que CGC dejó enterrados en Sarayaku y de la resistencia de su pueblo obstinadamente digno, habló el dirigente kichwa Franklin Toala con el OPS. -¿Podrías reseñar la relación con la CGC? La compañía hizo una estrategia de crear un conflicto ínter-comunitario en el territorio con las comunidades vecinas de Sarayaku, que decidieron aceptar la actividad petrolera, la fase de exploración sísmica. Pero el problema es que casi el 99% del bloque está en Sarayaku. Se creó un conflicto ínter-comunitario, el cual conllevó a un cierre de la vía fluvial por casi siete años, y la compañía se lavó las manos. Por ese lapso de tiempo la única entrada a Sarayaku era por avión [si intentaban ingresar navegando eran atacados por sus vecinos]. [Ese clima de violencia fue la excusa de] la compañía para pedir garantías al Estado y contrató seguridad privada para poder realizar la prospección sísmica. También con ayuda del propio ejército y de técnicos que se hicieron pasar como turistas, intentó ingresar al territorio, pero no funcionó. A lo último contrató gente indígena de una comunidad vecina para que hagan la trocha y entren. De esta manera, sin que la comunidad se entere, la compañía entró y sembró 1400 kilogramos de pentolita para hacer la fase de exploración sísmica; pero al percatarse, la comunidad intervino y [los operarios] salieron huidos. De esta manera la compañía violó una de las reglas que el Ministerio de Minas y Petróleo pone, que es hacer la consulta previa, libre e informada dentro de los territorios. Todo este proceso que se vino dando nos sirvió de instrumento para poner una demanda en la Corte Interamericana, ya que en la época [2003] los gobiernos no ofrecían garantías y por ende teníamos que salir a las instancias internacionales. -¿Cuándo se origina el conflicto con la empresa? En diciembre del 2002, entrando al 2003, es estratégica esta fecha. ¿Por qué? Porque la gente está en la Navidad y en vacaciones, y pasó desapercibido todo este conflicto. Hubieron efectivos militares, 800 operativos de cuadrillas… y la comunidad lo único que pudo hacer fue defenderse. [En 2003 un grupo de mujeres] requisó armamento al Ejército, porque la comunidad no permite que dentro del territorio haya militares armados sin ningún permiso y sin ningún consentimiento. A raíz de esta retención de armamento el Ejército quiso negociar la devolución de las armas en una forma clandestina con la comunidad. Eso salió a la luz pública, el Ejército no podía estar dándole seguridad a una compañía privada, extranjera, y esto conllevó a conocer la corrupción dentro del propio Estado, del Ministerio, ya que de una u otra manera tuvieron que ver en eso, dándole respaldo. Este proceso duró diciembre, enero, y en febrero, en una reunión, le dijimos al Estado que devolvíamos el armamento sólo si la compañía salía, y el Estado tuvo que presionar a la compañía para que deje de hacer cualquier actividad. Desde ese proceso nos hemos metido en la instancia judicial hasta la fecha, sin que la compañía pueda hacer ninguna actividad en el territorio. -Esas negociaciones con el Estado fueron en 2003, ¿en los años siguientes cómo continuó la relación con la empresa? La empresa ha manejado muchas artimañas. En realidad ha hecho un manejo totalmente sucio en todo este proceso. Lo que la compañía ha hecho es [ponerse] a la defensiva y [acusar] que nosotros somos un grupo armado, que hacemos narcotráfico y que el Estado permite que haya otro Estado [paralelo], porque la gente de Sarayaku vive en una autonomía total. Nos han vinculado con todos en su juego sucio. Llegaron al extremo de pasar por radio condolencias mortuorias con los nombres de todos los dirigentes de Sarayaku. La compañía ha utilizado todas las artimañas, pero siempre presionando al Estado a que haga una acción militar para poder extraer crudo en el bloque 23. -Además de CGC, ¿hay otras empresas queriendo entrar a Sarayaku? Está todo parado por ahora, incluso el Estado creo que va a rever el contrato con la compañía, [CGC] ya no va a extraer. No van a cerrar el bloque, yo creo que van a cambiar de compañía. La CGC puso una demanda en el CIADI, pero el Estado se separó del CIADI [junio 2009], entonces no tiene ya argumentos. La compañía no puede hacer nada aquí en el Ecuador. -¿Cómo se llega a la quita de los explosivos enterrados por CGC? El Estado no lo está haciendo porque quiere, no nos está haciendo un favor, está haciendo caso a un dictamen de la Corte Interamericana [julio 2005], ya que la comunidad de Sarayaku tiene medidas cautelares. Para preservar la vida de la comunidad el Estado debe para extraer los explosivos plásticos que están enterrados dentro del territorio. La comunidad quiere que se extraigan estos explosivos, pero en el mundo no hay ninguna compañía que logre hacer esto. Las únicas alternativas que existen es hacerlas explotar controladamente, que la comunidad no quiere, o insertar grandes cantidades de aguas salinas o ácido, que sería un contaminante mucho peor por los ojos de agua que existen dentro de la tierra. Se está encargando el equipo antibombas de la policía, que nunca ha tenido experiencia en este caso. Lleva seis meses desde que se inició el proceso y lo único que ha hecho es sacar 15 explosivos… que han de haber encontrado en la parte de afuera. Cuando tuvimos los talleres con los técnicos nos explicaron que uno sólo de estos explosivos tiene la capacidad de colapsar un edificio de cuatro pisos. Entonces, habiendo tanta cantidad [enterrada en el territorio], se llegó a un acuerdo por el cual ninguna persona puede hacer cacería o movilizarse dentro de estas áreas, ya que los explosivos están con los fusibles y conectados [entre sí]. Todo está a la intemperie, cualquier inestabilidad eléctrica puede hacerlos estallar, y lo peor, si es una reacción en cadena. -¿Qué enseñanzas dejó la lucha de Sarayaku para los pueblos y naciones indígenas del Ecuador y de la región? Uno de los procesos que tuvo Sarayaku, que hay que recalcar, es el magnífico apoyo de las mujeres. La relación que existe entre las mujeres y las comunidades es mucho más fuerte. Como estrategia, como defensa y como fortaleza ha sido muy importante en nuestro caso, como comunidad, tener escrito y tener realizado un plan de vida propio, un propio desarrollo -basado en la cosmovisión, en la ciencia y en la propia biodiversidad que tenemos dentro de nuestros territorios-, para no caer en mano de compañías que vienen a ofrecernos migajas. Si uno tiene fortaleza en la salud, soberanía alimentaria, política estructurada con un concejo de gobierno. Que no haya un solo líder -que viene a ser el presidente-, sino que el presidente sea simplemente un vocero que tiene que ir a contar lo que [decide] el verdadero poder, que es el pueblo. Con eso cortamos mucho la corrupción de un solo individuo que pueda firmar convenios o que pueda ser envenenado por la compañía. Si una comunidad está bien preparada, con su propio desarrollo, con su propia visión, no va a venir ninguna empresa a ofrecernos nada porque tenemos todo. Referencias *El grupo de inversión Southern Cross posee el 81% de las acciones de CGC, mientras que la familia Soldati conserva el 19%. Fuente: http://opsur.wordpress.com/2009/11/11/sarayaku-cuando-el-pueblo-dice-no/