Comunidades alrededor del mundo tienen derecho a decir NO a la minería

Sociedad panameña ve extracción de cobre como un problema nacional grave 

Entre octubre y noviembre de 2023, la actividad minera en el país causó el mayor estallido social en más de tres décadas en el país. La población panameña no considera que la minería de cobre (en este caso, de la minera Cobre Panamá) traiga desarrollo a su país; por el contrario, ven que trae destrucción de la selva tropical, contamina el agua y lleva a la pérdida de soberanía. 

La cuestionada mina se sitúa en el Corredor Biológico Mesoaméricano. Las intensas protestas culminaron con la promulgación extraordinaria de una moratoria minera que prohíbe la concesión de nuevas licencias de minería metálica. Según la voloración de las organizaciones ecologistas panameñas, el actual gobierno intenta romper la moratoria, en contra de la opinión pública mayoritaria expresada en las calles de la capital y las ciudades más importantes del país.  
 
 

Mujeres en Indonesia criminalizadas por denunciar impactos de la extracción de níquel en la isla de Sulawesi

En el sudeste de Sulawesi, en la comunidad de Torobulu, residentes cuestionan la actividad presuntamente ilegal de una empresa minera que extrae níquel hasta llegar a muy escasos metros de sus casas. En tomas de vídeo con dron, se ve claramente como algunas de las casas están a punto de caer en los pozos que realizan las máquinas mineras que remueven la tierra para extraer el níquel. Varias personas han sido criminalizadas y hostigadas con causas judiciales con el objetivo de silenciar sus voces de protesta por las condiciones de vida a las que se ven arrastradas, las violaciones de derechos y la destrucción de la naturaleza circundante. 

La resistencia a la minería está liderada especialmente por las mujeres, madres y abuelas que se encuentran literalmente rodeadas por la minería y sus impactos sobre sus propios cuerpos. Sienten la urgencia de defender la salud y la vida de sus familias y, por tanto, su dignidad e integridad. Además de perturbar las vidas de los moradores de la región, la contaminación que causa la minería, sus infraestructuras (puertos, plantas de procesamiento, centrales energéticas, naves industriales) y carreteras están impactando la naturaleza y las aguas, destruyendo los bosques y los cultivos familiares. Esto está expandiéndose a áreas cada vez más amplias por toda la isla de Sulawesi.  

Indonesia es el principal productor mundial de níquel y el país con las mayores reservas conocidas. Su oferta global ha crecido de forma muy rápida en la última década, impulsada por la demanda de acero inoxidable y, sobre todo, de baterías para vehículos eléctricos de los que el níquel es un componente clave. De tan solo dos fundiciones que producían 100.000 toneladas en 2014, se pasó a producir alrededor de 2,4–2,5 millones de toneladas de níquel en 2025, lo que significa más del 60% del suministro mundial. Paradójicamente, para abastecer de energía a la industria minera de níquel con la que se dice querer frenar el cambio climático, se están construyendo en la isla varias centrales de carbón, para las que se transporta carbón procedente de otras islas indonesias, siendo una grave causa de cambio climático.

 También se extrae níquel en Palawan, Filipinas

Las empresas mineras de níquel están excavando abiertamente los paisajes vírgenes de la Reserva de la Biosfera de Palawan, incluso a  pesar una moratoria minera aprobada oficialmente. La subsistencia de las comunidades indígenas, agricultores y pescadores está al límite del abismo. No solo la tierra está en juego, sino también la cultura, la seguridad alimentaria y la memoria viva de generaciones.

Los indígenas Pala’wan practican la agricultura y pesca sostenible desde siempre y esa es la razón por la que los bosques de la municipalidad de Brooke’s Point, antaño prístina, aún existen. Cada vez que llueve, el mar se tiñe de marrón, afectando a las langostas. «Nuestras capturas diarias no hacen más que reducirse. Estamos a las puertas de la hambruna», testifica un pescador de Maasin.  «Ahora el gobierno nos está prohibiendo abrir nuevas parcelas de roza y quema tradicional para alimentar a nuestras familias, mientras que a las empresas mineras les permiten talar bosques ancestrales. «Llevamos generaciones  practicando la agricultura sostenible», afirma un anciano indígena Pala’wan. Mientras esto ocurre, las  empresas mineras intentan presentar sus operaciones como “minería  responsable”, alegando que su presencia protege los bosques de la agricultura de roza y quema.

Las comunidades se están levantando. El 25 de marzo, con unas 100 mujeres y jóvenes indígenas Palaw’an al frente, hubo una gran manifestación por las calles de Brooke’s Point para reivindicar su derecho a defender sus tierras ancestrales y exigir el fin de la expansión de la minería a gran escala en el sur de Palawan. En toda la zona, las comunidades se mantienen unidas para proteger sus tierras ancestrales, sus aguas y el futuro de sus hijos. Su valentía resuena mucho más allá de las costas de Palawan. Los jóvenes se niegan a heredar una tierra devastada. Esperan que se escuche su llamamiento en favor de la justicia y de la protección de los territorios ancestrales. El mundo está pendiente de lo que ocurre, y las organizaciones internacionales se están sumando a este llamamiento en favor de la justicia, decididas a apoyar a las comunidades locales hasta detener las destructivas operaciones mineras.  

  

La minería de litio en Chile, Argentina y Bolivia supone una extracción masiva de agua

En la región andina chilena, boliviana y argentina en Sudamérica, los salares y humedales están amenazados, así como sitios Ramsar y territorios indígenas. El litio se explota bajo un modelo extractivista, insustentable y saqueador, al extraerse la materia prima mediante la evaporación de agua previamente bombeada a la superficie. Para ello, se derrochan grandes cantidades de agua de la Puna, un medio considerado desértico pero habitado por comunidades indígenas que viven bajo una economía propia que necesita ese agua. El agua es poca y su mantenimiento precario, con lo cual, cualquier afectación sobre los humedales pone en peligro la supervivencia.  

El Observatorio Plurinacional de los Salares en América Latina OPSAL informa que la presencia de las mineras está acabando también con el pastoreo y con algunas especies del salar. Cada vez hay menos parina, nombre aymara de un tipo de flamenco rosado de patas rojas, del género Phenicoparrus, nativo de los salares altoandinos. La minería también está amenazando el sector turístico, del que viven muchas comunidades. Claramente, las comunidades pueden vivir sin minería, pero la industria creciente global de baterías no da descanso.  

En el altiplano Sur, en el departamento de Potosí, el más pobre de Bolivia, se encuentra el salar de Uyuni. Allí hay proyectos de extracción de litio aprobados a pesar de que la población ya estaba experimentando el racionamiento de agua. Algunas concesiones son grandes y duraderas en el tiempo sin que haya la suficiente discusión acerca de los impactos ambientales de la minería a largo plazo ni consultas apropiadas con la población afectada, tal y como marcan las leyes.  

En Chile, algunas personas del pueblo Colla de los Andes que habitan la Cordillera de Atacama tienen todavía la cultura de la trashumancia. En invierno trabajan a menos de 3000 metros de altura y en verano suben a lo más alto. Las comunidades comparten el agua, a la que consideran lo que es: vida. “El agua se debe devolver a la Pacha (madre)”. El cambio climático ya se hace visible claramente en la región. Hubo casas, siembras y ganado que debido a varios aluviones ya han desaparecido. El salar de Maricunga forma parte del abastecimiento de agua de las comunidades indígenas y sus animales. Guanacos, aves y vegetación dependen de esas aguas. En plena pandemia se aprobó un proyecto minero de extracción de salmuera de litio al que han seguido otros.  

En las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca, en Argentina, se han autorizado varios proyectos  mineros. “El territorio no tiene precio”, dice Roman Guitian, uno de los comuneros desde Catamarca. Después de generaciones habitando el territorio, ahora ve cómo se están entregando concesiones sin ningún tipo de consulta previa, libre e informada. Son muchos los que se preguntan de qué van a servir los autos eléctricos y sus baterías si no va a haber agua para tomar. Muchas familias se mantienen gde los 3000 metrosracias a una cooperativa de sal y de la artesanía que se elabora a base de sal o también de la ganadería y la agricultura. Refiriéndose a la minería, Verónica Chávez dice “están viniendo a destruir nuestra casa. Con un trabajo que es pan para hoy y hambre para mañana”. Esta moradora de una de las comunidades afectadas considera que las vicuñas, el zorro, el suri y el lagarto, así como todo lo que tiene vida, forman parte de su familia. Ser testigo de este tipo de extracción de litio por parte de las empresas constituye un auténtico dolor para la población local.

Todos están de acuerdo en que sus estados deben proteger a los pueblos que viven en los salares y no a las empresas mineras de litio, como lo están haciendo.

Extracción de litio en el norte de Portugal no tiene apoyo de la población local 

El proyecto propuesto de abrir una mina de litio a cielo abierto en Barroso, en el municipio de Boticas, Portugal, que está a punto de destruir la agricultura tradicional en las localidades de Covas do Barroso y Romainho, va frontalmente en contra de la voluntad de la población. 

El plan lo promueve la empresa minera Savannah  Resources. El problema está en que se trata de una región reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como Sistema del  Patrimonio Agrícola Mundialmente Importante (GIAHS). Más allá del reconocimiento, significa que la población local depende del acceso a pastos y zonas comunales para su subsistencia. La empresa solicitó una servidumbre administrativa para llevar a cabo perforaciones y trabajos geo técnicos en una superficie de 228 hectáreas de terrenos privados y comunales («baldíos»). Esto supone la ocupación de terrenos privados y comunales, sin tener en cuenta la voluntad de los propietarios ni de los comuneros de los baldíos, lo que ha llevado inmediatamente a las comunidades a presentar una denuncia. Las comunidades ya vienen sufriendo abusos de autoridad en circunstancias similares: «fuera de la zona concesionada, impusieron restricciones a la circulación de los residentes dentro de sus terrenos comunales y se instaló seguridad privada en el pueblo, creando así un clima de vigilancia sobre la población local», según la asociación Unidos en Defensa de Covas do  Barroso. «En varias ocasiones, la GNR (Guardia Nacional Republicana) intentó intimidar y aislar a los propietarios de tierras para  disuadirles de protestar contra la entrada forzosa de la empresa en sus  terrenos». La declaración del proyecto Barroso Lithium como «proyecto  estratégico» en virtud de la Ley de Materias Primas Críticas ha suscitado serias preocupaciones.