Mujeres, territorio y vida en Colombia

5 mar 2012

Muchas mujeres luchan decididamente en Colombia contra la impunidad como mecanismo represivo en su país. Ellas se comprometen con la protección territorial y la riqueza biológica en sus espacios cotidianos. Esto las hace altamente vulnerables.

En el Chocó: Rosalba, Yahaira, María Ligia y Liria Rosa

En la cuenca del río Cacarica vive Rosalba Córdoba Salazar, una mujer inquieta a la hora de aprender cosas nuevas, elabora jabón para lavar ropa, shampoo, talco para pies y remedios con plantas medicinales, de acuerdo a las tradiciones ancestrales de su pueblo que quiere que se conserven. Busca una menor dependencia de mercados externos. Lleva quince de sus cuarenta y cinco años de vida, defendiendo los derechos humanos, la vida, el territorio y buscando la protección ambiental. También administra con gran valor una embarcación comunitaria. Donde ella vive, esta tarea requiere de claridades políticas.

Desde 1996 debe afrontar retenes paramilitares instalados sobre el río Atrato. En 1997 fue testigo y víctima de la “operación génesis” ordenada por el general Rito Alejo del Río y ejecutada por la brigada 17 del ejército colombiano en complicidad con paramilitares. Ha denunciado en repetidas ocasiones, en espacios públicos nacionales e internacionales esta violación de los derechos humanos de sus comunidades por parte del estado colombiano y es incansable a la hora de traer a la memoria los hechos ocurridos. El conflicto armado en Colombia esconde el acaparamiento de tierras por parte de industrias extractivas y agronegocios. Rosalba puso la primera semilla para constituir la Zona de Biodiversidad de su comunidad, una forma de protección que las comunidades aplican para defender el territorio frente a su acaparamiento. Y comenzó con la producción de alimentos libres de agrotóxicos. Esta mujer afrodescendiente se ha convertido en lideresa de su comunidad y en vicepresidenta de la asociación CAVIDA (Comunidades de Autodeterminación Vida y Dignidad del Cacarica). En la Zona Humanitaria Nueva Esperanza en Dios, en el municipio de Río Sucio, a través de sus estudios bíblicos busca la verdad, la justicia y la dignidad para los pueblos en el territorio.

Al igual que Rosalba, Yahaira Salazar vivió el desplazamiento forzado de su comunidad a consecuencia de la operación “Génesis”. Desde muy niña pertenece a la asociación CAVIDA y creció en el espíritu de lucha por un mundo más justo. Esta joven poeta de 23 años y líder afrodescendiente, ha denunciado nacional e internacionalmente la responsabilidad del Estado colombiano por violación a los derechos humanos; y la falsa desmovilización de la estructura paramilitar como estrategia de despojo y crimen; y los daños ambientales y sociales generados por operaciones extractivas ilegales dentro del territorio. En los últimos meses ha recibido amenazas a su vida, viéndose obligada a renunciar a su trabajo con niñas y niños de su comunidad.

Pareciera como que en Colombia, una mujer no está segura ni a los72 años de edad, siendo madre de ocho hijos y abuela de 41 nietos. María Ligia Chaverra ha habitado en Curbaradó desde hace más de 50 años. Esta afrocolombiana, elegida como representante legal en presencia de delegados de la iglesia católica, se ha negado siempre a entregar fraudulentamente las tierras de las comunidades negras a los empresarios palmeros que quieren expandir el monocultivo de palma aceitera. Y denunció abiertamente y ante la Fiscalía el despojo violento de tierras por parte de paramilitares, efectivos de la Brigada 17 del ejército, y a los empresarios entre otros. Algunos han sido detenidos o tienen órdenes de captura. Por eso se la ha difamado como guerrillera. En repetidas ocasiones ha sido amenazada de muerte y perseguida mediante montaje judicial siendo acusada de ser comandante de la guerrilla de las FARC. Pero nada más lejos de la realidad. Mujer valiente donde las haya, Ligia Chaverra es integrante del consejo comunitario de Curbaradó, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, de la Red de Alternativas y de Colombianas y Colombianos por la Paz.

También en la cuenca del río Curbaradó apareció en tierra comunitaria un mensaje de muerte en la corteza de un árbol. No es una historia del pasado. Sucedió en enero de 2012. Estaba dirigido a Liria Rosa García, de 56 años, madre de ocho hijos y abuela de más de 20 nietos. A alguien no le gusta que esta campesina lidere el proceso organizativo en defensa del territorio en la Zona Humanitaria de Caracolí. Con firmeza y claridad enfrenta a empresarios ganaderos, que pretenden ocupar el territorio colectivo. Por haber rechazado el dinero que le ofrecían para quedarse callada frente a los abusos, esta campesina ha recibido repetidas amenazas. La del árbol sólo es la más reciente.

En el Calima: Emilsen y Fabiola

El capital transnacional presiona para desarrollar por toda América Latina mega obras de infraestructura vial, portuaria, minera y energética. También en el territorio colectivo de las y los jóvenes campesinos afrodescendientes de JUBCA (Jóvenes unidos por el bienestar del Calima). Fueron despojados“legalmente ” de 11.000 hectáreas de tierras. Una de ellas es Emilsen Manyoma, madre de 27 años de edad y líder de su comunidad Ceibito. Desde la Fundación para el Desarrollo del Calima FUNDECALIMA, afirma su derecho a la producción limpia, a la soberanía alimentaria, a la protección de la biodiversidad. Algo muy difícil y peligroso en un complejo contexto de intereses en torno al narcotráfico. El Bajo Calima y San Juan están bajo control paramilitar con consentimiento del Estado. También la infantería de marina patrulla por el río Calima señalando, amenazando y agrediendo a la población. Emilsen exige respeto y distinción para la población civil. En medio de la gran presión lidera procesos juveniles y comunitarios de defensa de la vida y el territorio, así como la formación permanente de su comunidad en temas de derechos humanos, organización comunitaria y resistencia civil popular.

Tejiendo los sueños de su pueblo, de su resistencia, de su organización, tejiendo para sobrevivir ante la ausencia y exclusión por parte del estado colombiano, tejiendo como sus ancestros para resistir a la muerte física y cultural, tejiendo por sus niños y niñas, por su presente y su futuro, por su territorio biodiverso, tejiendo para afirmar su derecho a la vida, al territorio, a la identidad como pueblo Nonam. Así exige sus derechos Fabiola Quintero de 16 años, lideresa, indígena, artesana, coordinadora de mujeres del Pueblo Nonam del Pacífico. Desde muy niña ha sido víctima de dos desplazamientos forzados causados por paramilitares: uno en 2003 y el segundo en 2010. Con 7 años presenció cómo los paramilitares llegaron hasta su resguardo y en medio del terror, asesinaron a Zoraya Manyoma, de 16 años señalándola de ser novia de un guerrillero; y fue testigo en 2011, de cómo ya desplazados en el puerto internacional de Buenaventura, tuvieron que enterrar fuera de su territorio ancestral a dos de sus niñas que fallecieron por la desatención integral que soportaron luego del desplazamiento forzado. Hoy Fabiola, junto a las mujeres Nonam de su comunidad, teje desde su territorio ya declarado como Resguardo Humanitario y Biodiverso Santa Rosa de Guayacán sus sueños, su vida, su resistencia. Esto es lo que representa en sus artesanías.

En el Putumayo: Jani

Unidad, fortalecimiento organizativo y protección de la biodiversidad es por lo que trabaja Jani Silva en el Bajo Putumayo. Al mismo tiempo, defiende los derechos de las comunidades campesinas desde hace más de 15 años. Jani es presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bajo Cuembí; coordinadora del Corregimiento Perla Amazónica; representante por su corregimiento ante el Consejo Municipal de Desarrollo Rural CMDR; representante Legal de la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica ADISPA. En el corregimiento Perla Amazónica en Puerto Asís. La situación de derechos humanos en la región es delicada. En los últimos años, ha habido una serie de señalamientos por parte de sectores de los gobiernos locales hacia su organización, acusándoles de ser auxiliadores o cómplices de la insurgencia. Ellos buscan reactivarse como Zona de Reserva Campesina, como otra manera comunitaria que al igual que las Zonas de Biodiversidad permite la protección integral del territorio. En su parcela ha constituido mecanismos de protección de las aguas y de árboles primarios que sirvan para ser replicados por otros.

En el Cauca: Luz Marina, Yeimi, Magda

“Cuando a uno lo hieren y le tocan el corazón se acaba el miedo para luchar”, dice Luz Marina Cuchumbe, mujer de raíces indígenas. Ella lo sabe bien lo que significa un crimen de lesa humanidad. Su hija Hortensia Neyid Tunja Cuchumbe fue ejecutada extrajudicialmente junto a Manuel Antonio Tao Pillimue, joven campesino de la vereda San Antonio. Sobrevivió a este hecho William Cunacue. Sucedió en enero de 2006 y los responsables fueron militares del batallón “Cacique Pigoanza” del ejército nacional de Colombia. Después de mover la escena del crimen y de colocarles uniformes de uso exclusivo del ejército, una pistola y una granada, los jóvenes fueron presentados por los militares en diversos medios de comunicación como guerrilleros dados de baja en combate.

Este hecho generó cambios sustanciales en la vida de Luz Marina, sus seis hijos y su esposo. Del profundo dolor generado por la ejecución de su hija Hortensia, ella ha resurgido del silencio, del temor, de la angustia y sobreponiéndose ha decidido dignificar la vida de su hija y de Manuel exigiendo verdad, justicia y reparación integral. Con actitud siempre firme y sin vacilaciones ha denunciado este hecho en diferentes escenarios nacionales e internacionales y se ha unido a otras miles de madres y padres de víctimas de crímenes de estado en Colombia. Es un referente para las otras familias de las víctimas en su localidad. Siempre dispuesta a denunciar las violaciones de derechos de su comunidad, la vida de Luz Marina ha estado por momentos en serio riesgo y en la mira de los militares del batallón Pigoanza. Sin embargo, ha logrado que -en fallo del Juzgado Administrativo de Popayán- el ejército a través del batallón Pigoanza, reconozca en acto público su responsabilidad en el hecho y pida perdón a las familias de las víctimas y comunidad en general. Luz Marina y comunidad exigen que el acto se realice donde ocurrieron los hechos, a lo que el batallón se niega.

En su municipio de Inzá, Luz Marina, es una persona activa en el comité de mujeres de la ACIT, Asociación Campesina de Inzá - Tierradentro. Con mujeres y jóvenes anima el trabajo comunitario en su caserío, San Antonio. “Nosotros no estamos solos” dice; “seguiremos luchando unidos, vamos a luchar para hacer una red a nivel nacional donde estamos todos unidos dándonos la mano”

En Trujillo aconteció hace ya 22 años la masacre de al menos 342 campesinos, cuyas tierras eran codiciadas por las multinacionales. Como la irlandesa SMURFIT KAPPA CARTON DE COLOMBIA, que dictó también la sentencia de muerte de la biodiversidad en Trujillo. Como principales beneficiarios del control paramilitar de los Rastrojos, amenazan continuamente la permanencia de los campesinos y campesinas de la región, así como su soberanía alimentaria. En medio del desierto verde que impone el avance de los monocultivos de pino y eucalipto de la SMURFIT, surgió la Asociación Agroecológica en memoria de Esther Cayapú ASOAESCA. Yeimi Cristina Arboleda Cayapu es la nieta de Esther, quien fuera desaparecida por las estructuras narcoparamilitares.

En el marco de la Asociación, esta joven madre de 19 años hace suyos los ideales de su abuela y de su madre, quien enfermó y murió a consecuencia del terror vivido. Sobrepuesta a las graves dificultades por la necesidad de luchar contra la impunidad, y a pesar de haber crecido sin su abuela y sin su madre, Yeimi trabaja de manera ejemplar para que los dolorosos hechos acontecidos en Trujillo no se repitan nunca. Y para que en la zona sobreviva la producción de alimentos y se consolide como despensa de vida. Esto hace de Yeimi una luchadora por la vida y una gran lideresa comunitaria.

Ante la forma negativa del gobierno colombiano de asumir su responsabilidad de atención a la población desplazada, Magda Lizbeth Zuñiga junto a su esposo Orlando Bolaños han denunciado esto como una forma de revictimización. Oriunda del municipio de Argelia, departamento del Cauca, esta incansable luchadora se formó en el seno de una familia campesina. Esta región tuvo un incremento sin precedentes de presencia policial y del ejército en 2007 y 2008, en el marco de la política de seguridad democrática. El pretexto: combatir a la guerrilla de la región. Junto a la militarización proliferaron las estructuras paramilitares denominadas águilas negras y los rastrojos que bajo su típico modus operandi, asesinatos crueles, descuartizamientos, desapariciones forzadas, amenazas fueron controlando militar, económica y socialmente a la población. Generaron al menos 4 desplazamientos forzados en la región. Entre los amenazados por estas estructuras paramilitares, Orlando el esposo de Magda. Toda la familia ha vivido las amenazas, retención y seguimientos.

Magda no ha renunciado a la búsqueda de justicia. Desplazada a la fuerza en la ciudad de Popayán y otros lugares de Colombia, ha denunciado los macabros hechos ocurridos con la acción, omisión y aquiescencia de autoridades civiles y militares. Rompiendo con la barrera del temor ha motivado el proceso organizativo de los desplazados de Argelia, Cauca. En julio de 2010, 28 familias fueron beneficiadas con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, que el gobierno colombiano aún no ha acatado. A pesar del riesgo que esto implica, Magda ha tomado la decisión junto a su esposo de regresar a su tierra de donde nunca debió ser desplazada desde donde piensa seguir luchando por el derecho a retornar y permanecer, por el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la no repetición de estos crímenes de lesa humanidad.

En el Meta: María

Cerca de 200 mujeres y hombres de la región sufrieron los crímenes de Lesa Humanidad. Junto con más de 119 campesinas y campesinos del Alto Ariari, exigen ante el INCODER el reconocimiento legal de las tierras que habitaron por cinco décadas y de las que fueron desplazados. María Santos Medina Cuchimba de 65 años es una de ellas. Cabeza de hogar ha sido desplazada por la violencia más de una vez. Fue una de las campesinas que participó en los poblamientos realizados a la región del Alto Ariari durante la década de los años 60, provenientes de Río Chiquito, tras la persecución del Estado colombiano a las expresiones campesinas de Comunas Agrarias. En el 2002 fue nuevamente víctima del desplazamiento. En su memoria y en la de los campesinas y campesinas retumban aún los destrozos causados por el desplazamiento forzado que siguió hasta 2005. María es una de las lideresas impulsoras de la Comunidad Civil de Vida y Paz, CIVIPAZ, asentada en la Zona Humanitaria de la región del Alto Ariari, municipio de El Castillo, departamento del Meta. Allí ha constituido espacios de protección de ecosistemas y aguas. También hace parte del Sindicato Agrario SINTRAGRIM, las Juntas de Acción Comunal, la Organización de Mujeres.

Las mujeres son acompañadas en los territorios en la defensa de la vida, de sus derechos y de los ecosistemas por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, organización colombiana de derechos humanos, con 24 años de existencia. Los equipos de acompañamiento han compilado esta importante información.