El pueblo Ngäbe ha tenido durísimos choques con el actual Gobierno de Panamá. Primero fue en Changuinola (Bocas del Toro) en 2010 y fue mucha la sangre que corrió de obreros ngäbe de las bananeras. Después, en 2011 y 2012, miles de ngäbe y de buglé se concentraron a lo largo de la carretera Panamericana para defender la integridad de su territorio legalmente reconocido (la Comarca Ngäbe Buglé y los territorios anexos) frente a la expansión de los megaproyectos energéticos y extractivos. Una de sus exigencias, teóricamente aceptada por el presidente Ricardo Martinelli tras duras jornadas de represión policial, era que la Comarca quedara libre de hidroeléctricas y de minería. El Gobierno firmó los acuerdos de San Félix y San Lorenzo, utilizó a Naciones Unidas para dilatar un proceso de verificación y, desde su óptica, debilitar un movimiento de resistencia que había despertado, además, la solidaridad de la mayor parte de la sociedad panameña.
La pasada semana ese mismo gobierno autorizó a la empresa Generadora del Istmo a reanudar las obras de la represa de Barro Blanco, en el río Tabasará, un proyecto al que los indígenas se han opuesto desde el inicio por las graves afectaciones a 40 comunidades y al ambiente. Los tres lugares más amenazados a partir de ayer, lunes 17 de febrero, son Quebrada Caña, Nuevo Palomar y la comunidad cultural de Kiad. Y es en estos puntos donde desde el fin de semana se han ido concentrado centenares de ngäbe para evitar que la herida sobre su territorio siga creciendo. La resistencia es firme y la presencia policial en la localidad de Tolé, masiva.
Organizaciones de Panamá y de la región han mostrado su solidaridad con la lucha en el río Tabasará y han denunciado que “el movimiento policial en la zona es evidente, lo que indica una alta posibilidad de que se produzcan nuevos casos de abuso policial y violaciones a los derechos humanos en contra de los pobladores, que se han declarado en estado de alerta para defender su territorio, vivienda, alimentos, su identidad cultural y su proyecto de vida como pueblo indígena”. Recuerdan además que “estas violaciones, en caso de producirse, se sumarían a aquellas producidas masivamente en los años 2010, 2011 y 2012, en Changuinola, la comarca Ngäbe Buglé y Colón, además de las violaciones a la consulta previa, libre e informada, el incumplimiento de acuerdos y la denegación de justicia ante el Órgano Judicial que han sufrido las comunidades afectadas por este proyecto, desde su inicio y hasta la fecha”.
La Historia
Barro Blanco ha sido un punto innegociable para el Gobierno panameño, aunque haya jugado a negociar. Como señala el ambientalista Óscar Sogandares, “las negociaciones de paz entre el gobierno y la Comarca Ngäbe Buglé terminó en un acuerdo de compromiso entre las dos partes que resultaron en la aprobación de la Ley Especial 11, en vigor desde abril. Esta nueva ley anulaba las concesiones mineras y se prohíbe la minería en el futuro. También establece que los proyectos hidroeléctricos en el futuro que el gobierno planea en el territorio estarán sujetos a la aprobación de las autoridades indígenas y el referéndum de los residentes de la zona. La Comarca Ngöbe-Buglé deberán recibir el 5% de la facturación anual de los proyectos. Sin embargo, la polémica presa de Barro Blanco seguirá adelante - las concesiones hidroeléctricas ya otorgadas no serán suspendidos. Una revisión del EIA del proyecto se acordó para salir del estancamiento”.
El acuerdo no gustó a parte de las bases ngäbe y buglé y el informe de Naciones Unidas sobre Barro Blanco, aunque muy crítico, no ha servido para paralizar las obras. Los ngäbe y buglé son los pueblos originarios mayoritarios en Panamá y su Comarca ocupa una parte importante del centro y oeste del país.
Sogandares recuerda que Barro Blanco es un proyecto hidroeléctrica MDL de 28,84 MW en el río Tabasará . Su propietario, Luis Kafie, magnate eléctrico de Honduras, donde produce el 30% de su energía y enfrenta a una serie de denuncias ambientales. Está siendo financiado por los bancos europeos de Alemania (DEG) y Holanda (FMO). El proyecto fue aprobado con arreglo al régimen de compensación de la ONU en junio de 2011 a pesar de las inexactitudes de su Estudio de Impacto Ambiental y la falta de consultas con los interesados. La presa inundará tierras pertenecientes a la Comarca Ngäbe Buglé - una reserva de propiedad colectiva administrada por el grupo indígena Ngäbe Buglé de Panamá. Más de media docena de municipios a lo largo de las riberas del río en la Comarca serán inundadas y los medios de subsistencia de unos 5.000 agricultores Ngäbe que dependen del río para obtener agua potable, la agricultura y la pesca se perderá irremediablemente.
Fuente: Otramérica
