Alerta por asesinatos de dos defensoras y un defensor de los derechos humanos

20 ene 2017

Que el año no comienza con buenas noticias para las defensoras y defensores de la vida y la naturaleza queda de manifiesto tras los asesinatos de dos mujeres y un hombre en tres países de Latinoamérica.

En Colombia fue asesinada Emilsen Manyoma, líder afrodescendiente de la red Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ) en el territorio de Buenaventura (Valle). En el trasfondo, el conflicto armado y de ocupación del territorio por parte de empresas y narcotráfico. Emilsen documentaba  en el marco de la Comisión de la Verdad asesinatos y desapariciones. Denunciaba el control paramilitar y el tráfico de droga en su territorio. Desde hace años, exigía respeto para la población civil. Cuentan desde CONPAZ, que acompañó el retorno del resguardo Santa Rosa de Guayacán y la construcción del Espacio Humanitario Puente Nayero. En medio de gran presión por los peligros que confrontaba, lideró procesos juveniles y comunitarios de defensa de la vida y del territorio, así como la formación permanente de su comunidad en temas de derechos humanos, organización comunitaria y resistencia civil popular. Ella y su esposo Joe Javier Rodallega desaparecieron de su ciudad y fueron encontrados sin vida el martes 17 en zona selvática, junto a la vía ferroviaria, con heridas de arma blanca y armas de fuego.

En Guatemala, la noche del 16 de enero de 2017, personas no identificadas irrumpieron en la tienda de Laura Leonor Vásquez Pineda de 47 años, en Mataquescuintla, Jalapa, asesinándola al pegarle tiros en la cabeza. Laura Leonor formaba parte del proceso de resistencia pacífica frente al proyecto minero San Rafael, del que se había separado en 2014 para evitar ser estigmatizada y perseguida.

En México, Isidro Baldenegro López, histórico luchador social indígena, defensor de los bosques de la Sierra Tarahumara. El dirigente indígena defensor de los derechos humanos y miembro de la Fuerza Ambiental grupo ecologista de Chihuahua, dedicó su lucha a la protección de los bosques, contra la tala descontrolada de árboles en territorio Rarámuri, tala ilegal que sucede en territorio indígena con el consentimiento del Estado mexicano. Fue encontrado muerto en la casa de un familiar en la comunidad de Coloradas de la Virgen, del municipio de Guadalupe y Calvo.

Como Berta Cáceres, defensora hondureña asesinada en marzo del pasado año, también había recibido el Premio Goldman, en su caso en el 2005. Dos premios Goldman asesinados en menos de un año. Y sus países -México y Honduras- están considerados los más peligrosos para los defensores de la naturaleza y los derechos humanos. El padre de Baldenegro también fue asesinado años atrás, y él mismo había recibido múltiples amenazas de muerte.

Patrón patente de criminalización

Las historias de estas personas tienen similitudes: tanto Laura Leonor Vásquez como Isidro Baldenegro fueron injustamente criminalizados. Laura Leonor tuvo que pasar 7 meses en prisión en 2013, detenida durante un estado de sitio decretado por protestas relacionadas con la oposición a la minería. Los cargos que se le imputaban a Laura Leonor nunca fueron demostrados.

Baldenegro fue acusado de posesión de armas de fuego y marihuana en 2003, por lo que fue recluido en la prisión federal de Chihuahua. Ese mismo año, Isidro fue nombrado por Amnistía Internacional como preso de conciencia quedando absuelto de los cargos 15 meses después debido a falta de pruebas.

Salva la Selva, sensible a este tema

Con la petición Mujeres denuncian que proyectos extractivos generan violencia, Salva la Selva se unió en 2016 a la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras para dar visibilidad a estos peligros que enfrentan las personas que de un día para otro se ven confrontados en su vida diaria con la invasión y destrucción de sus territorios para la extracción minera, petrolera y otras actividades extractivas. Ya en 2015 ambas organizaciones llevaron a cabo una iniciativa solidaria similar con Máxima Acuña de Chaupe, campesina peruana acosada sistemáticamente en todas las formas posibles por una empresa minera.

Expresamos nuestro más profundo dolor e indignación, repudio y condena, y nos comprometemos a seguir trabajando en la denuncia del despojo y la destrucción de los bosques y en defensa de los bienes comunes.

Cada vez más asesinatos: detener esta tendencia

Estos asesinatos se producen en un contexto de alarmante intensificación de asesinatos y otras agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos en Latinoamérica y en el mundo. En total se reportaron según informe de Global Witness, 185 asesinatos de defensoras y defensores en 2015. Durante el año 2016, la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) documentó 14 asesinatos y siete intentos de asesinato contra personas defensoras de derechos humanos. En México, más de 30 defensores de derechos humanos han sido asesinados en los últimos años. Según informaciones de Front Line Defenders (Defensores en Primera Línea), al menos 85 defensoras y defensores fueron asesinados en Colombia sólo en 2016.

Exigimos a los Estados guatemalteco, colombiano y mexicano

- que investiguen los crímenes y las circunstancias que los rodean para dar con los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes.

-garanticen la seguridad de otras defensoras y defensores y de las familias de las defensoras y defensores asesinados

-legitimen las actividades de los defensores y las defensoras de derechos humanos mediante la creación de políticas públicas y discursos afines

-analicen las causas estructurales de la violación de derechos humanos en sus países, y de la consecuente vulnerabilidad de los defensores de los mismos.

Pedimos a organizaciones internacionales

-expresen su condena enérgica a estos crímenes, se mantengan alertas y se unan a la exigencia de que no queden en la impunidad.

NOTA de actualización (26-1-2017): un desgarrador relato de las circunstancias en torno al asesinato de Emilsen Manyoma y su compañero Joe Javier Rodallega ha sido publicado por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia.