Bolivia tiene una elevada tasa de deforestación y sigue siendo clave defender el TIPNIS

6 feb 2018

Con la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, el gobierno boliviano pretende unir a los departamentos de Cochabamba (centro) y Beni (noreste). Se estima que tendría unos 300 kilómetros de largo, de los cuales entre 55 y 65 kilómetros de la carretera pasarían por medio de la selva del TIPNIS. Hay gran oposición a este proyecto de la carretera.

Un poco de historia: la intangibilidad del TIPNIS era una medida de protección.

El territorio es Parque Nacional y Territorio Indígena desde 1965 y 1990 respectivamente. En 2009 se entregó el título de Territorio Comunitario de Origen TCO, tras un largo proceso de reivindicaciones. Su estatus de protección legal es pues, múltiple. Muy poco después de la legalización del territorio ancestral, en 2011 se reveló el proyecto de construir la carretera por el TIPNIS para unir Villa Tunari con San Ignacio de Moxos, en los departamentos de Cochabamba y Beni. Las comunidades indígenas rechazan de manera rotunda el proyecto desde su origen con el interés de “mantener íntegro nuestro territorio”.

A pesar de ello, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) firmó un contrato por 332 millones de dólares para la construcción de la carretera por el TIPNIS, a la que sus habitantes consideraban una amenaza. La obra incluso fue adjudicada a la empresa constructora brasileña OAS (actualmente investigada por casos de corrupción en Brasil y Perú).

Hubo numerosas marchas indígenas entre 1990 y 2012 

En 2012, el BNDES canceló el contrato después de que el territorio indígena fue declarado zona intangible mediante Ley 180, el 24 de octubre de 2011. La norma fue promulgada a exigencia de las comunidades indígenas del TIPNIS que marcharon contra la carretera desde las tierras bajas hasta la sede de Gobierno sufriendo represión en un punto del camino. 

A pesar de las dificultades, el TIPNIS se ha logrado defender hasta ahora

Empezando por la propia Constitución (especialmente el artículo 385), existen numerosas leyes y convenciones que protegen el territorio. A nivel nacional, además de la recientemente derogada Ley 180, está la ley de Reforma Agraria, la Ley de Medio Ambiente y el Reglamento de Áreas Protegidas. A nivel internacional, el Convenio 169 de la OIT ratificado por Bolivia en 1991, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio sobre Biodiversidad.

Cabe destacar que las acusaciones y la campaña de desprestigio en los medios de comunicación contra dirigentes campesinos que se oponen al proyecto de la carretera por el TIPNIS son trasnochadas. La actual dirigencia del movimiento del TIPNIS alega estar totalmente comprometida con su defensa.

Tampoco es real la insistencia del presidente Evo Morales en culpar a la “derecha” de la oposición al proyecto. La realidad que no menciona es que las carreteras que atraviesan la selva significan irremediablemente la destrucción del ecosistema, debido a que facilitan la llegada de colonos, narcotraficantes y empresas petroleras, madereras y la expansión de la frontera agrícola. Y es a la destrucción de la selva a a lo que se oponen los indígenas que habitan el TIPNIS, independientemente de cualquier orientación política. Además, el Estado boliviano no tiene a día de hoy capacidad para regular todas estas invasiones. En este sentido, la ley 969 promulgada a finales de 2017 atenta nuevamente contra el territorio del TIPNIS.