Ecuador no puede convertirse en un “país minero”

16 mar 2018

A pesar de la fuerte contestación social a la minería en el país, el gobierno ecuatoriano peregrina por diferentes espacios internacionales promocionando entre otras cosas su “ubicación estratégica y clima privilegiado” para el extractivismo.

Crear seguridad jurídica, introducir incentivos tributarios y crear políticas públicas encaminadas a beneficiar al sector minero son objetivos expresados por la nueva ministra de minería Rebeca Illesca y otros funcionarios estatales.

No es igual el panorama que reina en el Ecuador: la reciente consulta popular llevada a cabo el pasado 4 de febrero 2018 incluyó una pregunta (nº 5), sobre restricciones a la minería, en la que se consultaba a la ciudadanía si consideraba pertinente prohibir -sin excepción- la minería metálica en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. El voto mayoritario fue a favor.

Actualmente, se ha explorado aproximadamente un 5% del territorio nacional y el aporte minero al PIB es de apenas 1,61%. Estamos a tiempo de que lo que se incentive sean otras alternativas al desarrollo de un país privilegiado en naturaleza y culturas como es el Ecuador, más que ofrecer su naturaleza al mejor postor para su destrucción definitiva y contaminación. Eso es lo que se debe hacer y no dar un lugar privilegiado en el nuevo Plan de Desarrollo Económico a una destructiva industria como es la minera.

Caso paradigmático es el de la zona de Intag, donde el proyecto minero conocido actualmente como Llurimagua, cuyos socios son Codelco Chile y la estatal ecuatoriana Enami EP. La larga tradición que tiene la oposición a la minería en esta región ha dado lugar a una serie de actividades económicas alternativas entre las que se cuenta el café de exportación junto a la producción de otros productos agroecológicos. A pesar de ello, y de que se trata de una zona sensible de alto valor ecológico, los sucesivos gobiernos siguen apostando por imponer la minería que acabará irremediablemente con el modo de desarrollo llevado a cabo desde dentro, con mucho esfuerzo y convicción. Cada vez que han ingresado empresas mineras a este territorio la conflictividad ha aumentado y se han producido graves las violaciones de derechos como criminalización, encarcelamiento, amenazas, intimidaciones, violencia, etc.

Afectados por proyectos mineros son también los pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonia, región donde proliferan los conflictos graves por la entrada de las empresas mineras, como es la invasión del territorio y el desalojo de comunidades del pueblo indígena Shuar. Al contrario de lo que dice el gobierno, su política en cuanto a temas sociales, ambientales, política y jurídica no es nada clara y esto afecta especialmente a posibles espacios de diálogo, casi siempre inexistentes o fracasados. Prueba inminente de ello es la delegación de en torno a cincuenta mujeres amazónicas que se encuentra desde hace ya 5 días en Quito, a las puertas del edificio presidencial, que declaran que se quedarán allí hasta ser recibidas en Carondelet por el propio presidente Lenin Moreno. Sus reivindicaciones son múltiples, pero están centradas en la pésima gestión y falta de consulta antes de la entrega de concesiones de proyectos extractivos, especialmente mineros y petroleros y también hidroeléctricos y de extracción maderera.

En conclusión, Ecuador no está destinado a convertirse en el país minero que desearía el gobierno. Su plan responde al endeudamiento multimillonario en que el anterior presidente Rafael Correa dejó al país al haber apostado por una industria petrolera actualmente inestable y a la baja.