Frenan a empresas palmicultoras en Palawan

27 jul 2017

Nuestros contrapartes de la Coalición contra el Robo de Tierras CALG trabajan para evitar la expansión de la palma aceitera en Filipinas. En la isla de Palawan han frenado las plantaciones de dos empresas. Y no sólo eso: el gobierno de Manila ha reaccionado a nuestra petición de una moratoria de palma aceitera y ha enviado un equipo de inspección a Palawan.

“Uniendo nuestras fuerzas hemos conseguido que la empresa palmicultora San Andrés se retire”, informan nuestros colegas de la Coalición contra el Robo de Tierras CALG. Este éxito se da en el último minuto. En el distrito de Rizal, al sur de Palawan, San Andres ya había dado pasos en firme para establecer la plantación: para construir el primer segmento de una carretera para adentrarse en la selva destruyeron al menos diez hectáreas de bosque primario y secundario, talando más de 100 árboles grandes. Las talas se pudieron frenar poco antes de las montañas calcáreas de Tres Marías, uno de los lugares sagrados más importantes para los indígenas.

“Entregamos a las autoridades una queja formal de las comunidades afectadas – y la autoridad de medio ambiente y recursos naturales (DENR) tomó medidas para que la empresa no continuara con las talas”, explica CALG.

CALG también presentó junto a la comunidad indígena una queja referida a las plantaciones de coco de las empresas GPAC (Green Power Agricultural Corporation) and Lion Heart, algunas ya existentes en las tierras ancestrales de las comunidades indígenas de los sitios Malutok, Sumurom, and Balin Balin que comprenden unas 100 hectáreas de las que viven 60 familias, y que no fueron consultadas según el procedimiento correspondiente. En el momento de la visita de CALG, el área estaba vallada y vigilada por personal de seguridad armado lamentablemente. Según el Business Inquirer, las plantaciones podrían ocupar hasta 4.600 hectáreas de tierras. La empresa ya habría plantado 100.000 palmas híbridas de coco. Hay que mencionar que estas tierras están clasificadas como “bosque maderable”, el cual de acuerdo a la ley no puede convertirse en tierras para explotación agrícola hasta que se cambie el uso de la tierra y se apruebe una nueva definición por parte de las agencias gubernamentales competentes.

“Gracias a nuestra intervención, las empresas que contaban con la complicidad del gobierno local de Palawan -pero no de los indígenas- se vieron obligadas momentáneamente a frenar sus operaciones a instancias de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas NCI”, según CALG. Como los trabajos se han reiniciado, el trabajo de CALG en defensa de la selva y los pueblos indígenas no cesa.

Junto a soluciones puntuales de conflictos locales entre diferentes poblados indígenas y empresas, nuestros contrapartes filipinos trabajan por una meta más comprehensiva: una moratoria nacional para la expansión de las plantaciones de palma. Esta meta está ahora más cerca, ya que el gobierno nacional ha reaccionado a la petición que iniciamos en común para solicitar tal moratoria. Han enviado a un equipo de funcionarios del departamento de medio ambiente y recursos naturales de la capital Manila. Representantes de CALG, del gobierno local y de las comunidades indígenas afectadas tomaron parte en una reunión. “Ha sido un éxito”, nos cuentan desde CALG, ya que “algunos de los representantes del gobierno apoyaron nuestra moratoria y se quejaron junto a nosotros de la expansión de las plantaciones”.

El trabajo para conseguir esta meta continúa, y los miembros de CALG continuarán en diálogo con las autoridades de los diferentes distritos para que cada uno respete la moratoria – tal y como lo viene haciendo la comunidad de Quezon desde hace dos años.

Continuamos recogiendo firmas de apoyo para la petición “¡Necesitamos nuestras tierras, no palma aceitera!”