Sed de petróleo: etnocidio y destrucción en la Amazonía ecuatoriana

Autoridades ecuatorianas están tramitando la licencia ambiental para concesionar un nuevo bloque petrolero en Yasuní, parte de la Amazonía ecuatoriana. Allí existen mayores evidencias de la presencia de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, y es quizá el lugar con la mayor biodiversidad del planeta. Apoye una Carta Abierta.
PeticiónPara: Presidente de Ecuador Econ. Rafael Correa; Vicepresidente Ing. Jorge Glas; Ministra del Ambiente Dra. Lorena Tapia; Ministra de Justicia, DDHH y Cultos Dra. Ledy Zúñiga R.
“Impidan las operaciones petroleras en el territorio de los pueblos aislados Tagaeri y Taromenani y preserven la biodiversidad”
La red YASunidos, defensores del Yasuní, sostiene que no es posible extraer petróleo sin impactos ecológicos y sociales irreversibles, a pesar de los argumentos del gobierno ecuatoriano sobre la utilización de tecnología punta para minimizar los daños de la extracción petrolífera.
Hay actividad petrolera en la Amazonía ecuatoriana desde finales de los 60 con devastadoras consecuencias sociales y ambientales. Dentro del mismo Parque Nacional Yasuní, que ya es símbolo mundial de resistencia a la extracción petrolera, extraen petróleo en los bloques 12, 15, 16 y 31. Al suroeste del parque se encuentra el bloque 55 o Campo Armadillo, para cuya zona oriental estaría tramitando ahora el Ministerio de Medio Ambiente la licencia ambiental para la concesión petrolera.
Pato Chávez es uno de los voceros de YASunidos y sostiene que debido a la presencia de los pueblos ocultos "debería estar negada toda actividad de extracción".
El también miembro del colectivo y abogado Pablo Piedra insiste en que la actividad petrolera en ese territorio "sería devastadora para su frágil y amenazada existencia". Unas 33 especies se encuentran en peligro de extinción, de acuerdo a la UICN.
El propio estado ecuatoriano suspendió en 2009 la prospección petrolera en el Armadillo, por evidencias de la presencia de los pueblos Tagaeri y Taromenane viviendo en aislamiento voluntario -la Constitución ecuatoriana (Art. 57) considera etnocidio las actividades extractivas en territorio taromenane. Pero en septiembre 2013, el Gobierno se contradijo al declarar oficialmente que en Armadillo no hay pueblos ocultos y dar vía libre a la extracción de petróleo.
La Carta Abierta de quienes por años trabajan de diversas formas en la protección de estos pueblos, pide al gobierno ecuatoriano paralizar la actividad petrolera en el Bloque 55. Súmate.
CARTA ABIERTA
Econ. Rafael Correa D.
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Ing. Jorge Glas E.
VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dra. Lorena Tapia
MINISTRA DEL AMBIENTE
Dra. Ledy Zúñiga R.
MINISTRA DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS
En sus despachos,
Profundamente preocupados por la inminente entrega de la licencia ambiental para el bloque 55 más conocido como Campo Armadillo por parte del MAE, zona donde se produjeron las muertes de Héctor España y Luis Castellanos en 2005 y 2008 respectivamente; donde se han documentado más de 5.000 registros y testimonios (muchos de ellos recientes); donde los propios documentos del MAE y el Plan de Medidas Cautelares reconocen la presencia de “pueblos indígenas en aislamiento voluntario” [1], alertamos que activar las operaciones petroleras en esta zona del bloque sería fatal para los PIAV, pero también para la credibilidad de su gobierno y la institucionalidad en materia de derechos de los Tagaeri y Taromenane.
Les recordamos que en los dictámenes de la Política Nacional de los Pueblos en Situación de Aislamiento Voluntario, el estado debe asumir:
− que se garantice la posesión ancestral de los territorios que habitan y usan para sus actividades de subsistencia y la intangibilidad de los mismos;
− que se garantice su movilidad de acuerdo a sus patrones culturales;
− que se comprenda que la presencia de los Tagaeri, Taromenani y otros que se encuentren en situación de aislamiento voluntario asegura que vastas porciones del Parque Nacional Yasuní se encuentren en buen estado de conservación;
− que su exterminio no sea jamás considerado como un medio para facilitar las actividades extractivas en la Amazonía, ni como un resultado colateral inevitable”[2].
En las Líneas Estratégicas para la Acción se establece como obligación: “Consolidar y potenciar el principio de intangibilidad” y se menciona como prioridad: “Se promoverá a futuro un nuevo ordenamiento territorial que impida las operaciones petroleras en la zona de influencia al territorio ocupado por los Tagaeri y los Taromenani”.
Pero además las recomendaciones del Informe del año 2013 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre “Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial en las Américas”, sección sobre Recursos Naturales[3]: Se declara que deberá “Abstenerse de otorgar licencias o autorizaciones para realizar actividades relacionadas a la extracción de recursos naturales, como la minería, actividades hidrocarburíferas, de deforestación, ganaderas y agroindustriales, entre otras, en áreas con presencia o tránsito de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, incluidas zonas de amortiguamiento”.
Lo obvio, lo sensato, lo correcto y apegado a la ley y a la Constitución es el cierre definitivo del Bloque 55 (Armadillo), la anulación de toda concesión expedida sobre este, así como la ampliación de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane hacia este bloque y más aún hacia definir y alcanzar un territorio que proteja a perpetuidad la integridad, y sus derechos humanos fundamentales evitando así un inminente etnocidio.
“Un pozo más en el Yasuní, un día menos en la existencia de los Tagaeri y Taromenane”.
Atentamente,
[1] El Ministerio de Ambiente y Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, enviaron en abril de 2013 un mapa en donde se identifica la ubicación de cuatro grupos de PIAV, entre ellos el “Grupo Armadillo”.
[2] “Política Nacional para los Pueblos en Situación de Aislamiento Voluntario”; Gobierno Nacional de la República del Ecuador. Pp. 6, 7
[3] “Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial en las Américas”, sección sobre Recursos Naturales”; Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Pp. 81
Para: Presidente de Ecuador Econ. Rafael Correa; Vicepresidente Ing. Jorge Glas; Ministra del Ambiente Dra. Lorena Tapia; Ministra de Justicia, DDHH y Cultos Dra. Ledy Zúñiga R.
Comparto las preocupaciones expresadas en Carta Abierta (https://www.salvalaselva.org/peticion/1026/sed-de-petroleo-etnocidio-y-destruccion-en-la-amazonia-ecuatoriana#more) por la inminente entrega de parte del Ministerio del Ambiente del Ecuador MAE de la licencia ambiental para operaciones petroleras en el bloque 55. Dicho bloque, también llamado Campo Armadillo, está habitado por pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
Pido el cierre definitivo del Bloque 55 (Armadillo), la anulación de toda concesión expedida sobre este, así como la ampliación de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane hacia este bloque y más aún hacia definir y alcanzar un territorio que proteja a perpetuidad la integridad, y sus derechos humanos fundamentales evitando así un inminente etnocidio.