Alto a la violencia minera: ni legal, ni ilegal
En Ecuador, la parroquia La Merced de Buenos Aires, resiste pacíficamente frente a la minería en sus montañas. En los pasados días, policías y militares han invadido la comunidad y facilitado la entrada de la minera. Pedimos respeto para la comunidad y a la corte constitucional que atienda una acción de protección extraordinaria.
Noticias y actualizaciones PeticiónPara: Corte Constitucional; Mº del Ambiente; Mº Recursos Naturales No Renovables; Alcalde Municipio Urcuquí, Tirone Vega Gaybor y Jefatura Política; Gobernadora Prov. Imbabura M.ª Gabriela Jaramillo Puente; Junta Parroquial; Policía Nacional
“Garanticen consulta y derechos humanos y de la naturaleza en el cantón Urcuquí, Parroquia Buenos Aires (Imbabura), en Ecuador. Respeten la decisión comunitaria.”
Por favor, firma la petición urgente a las autoridades ecuatorianas, para llegar a la Corte Constitucional con el pedido de que para que admita una Acción Extraordinaria de Protección a favor de las comunidades. También la empresa minera debe saber que el mundo está mirando y que deben respetar la decisión comunitaria. Y por favor, ayúdanos a difundir ampliamente.
Cuando se descubren minerales valiosos como oro o cobre en algún lugar, suele surgir la codicia. Las comunidades de La Merced de Buenos Aires, en la provincia Imbabura, Ecuador se mantienen alertas y firmes en defender su territorio de más minería destructiva y contaminante pues ya se ha dañado seriamente la tierra, los ríos y la tranquila vida basada en la agro forestería.
Precisamente ahí, una minera australiana pretende abrir una mina a cielo abierto y a gran escala. En este momento, la situación es compleja.
Desde la comunidad, denuncian que desde abril 2021, la empresa HANRINE, subsidiaria en Ecuador de la australiana Hancock Prospecting empezó a amedrentar a la población en un intento para entrar a la comunidad, argumentando tener toda la documentación en regla. Se dictaron medidas cautelares ordenando a la empresa retirarse.
Según informe de la Contraloría General del Estado (2020), la concesión fue otorgada a la minera de oro y cobre cuando el catastro minero estaba cerrado y de acuerdo a un alerta anterior emitida por la Coalición de organizaciones de Derechos Humanos, el proyecto no contaría con permisos necesarios como el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ni ha sido aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
Cada vez que se produce una invasión, las comunidades de La Merced de Buenos Aires reaccionan concentrándose e impidiendo el paso en protesta pacífica.
El conflicto minero está servido, como sucede a menudo con esta destructiva industria. Firma, comparte.
Más información“Vamos a defender los ríos, las quebradas los montes, los animales y todo lo que existe en nuestra parroquia hasta las últimas consecuencias”, dicen las defensoras y defensores de la tierra”, comuneros se reafirman en su protesta pacífica.
En reiteradas ocasiones desde 2017 la población se ha pronunciado en rechazo contra la minería.
La minería ilegal, azotó entonces la zona atrayendo hasta a 5.000 buscadores de oro y miembros de grupos armados y criminales, causando serios impactos en la población y en la montaña, que sufrió incontables perforaciones. Durante un gran operativo de desalojo de mineros ilegalesacontecido en 2019, las autoridades encontraron molinos, motores, piscinas de maceración con químicos, botellas de gas y combustible y poleas para transportar el oro.
Al contrario de lo que publica la prensa de masas, que continuamente intenta asimilar a la población de la zona con la actividad de minería ilegal, hasta ahora las comunidades ha colaborado con la policía en varios operativos contra la minería ilegal. “Pero los mineros ilegales siempre quedan en libertad. Es indignante”.
Todo esto sólo empeorará con la llamada minería legal, a gran escala y a cielo abierto. La empresa Hanrine cuenta con concesiones de unas 23.000 hectáreas.
Más información:
2023
Ver nuestro informe de actualización: Un conflicto paralelo: minera australiana y mineros ilegales
2022 y anterior
Para: Corte Constitucional; Mº del Ambiente; Mº Recursos Naturales No Renovables; Alcalde Municipio Urcuquí, Tirone Vega Gaybor y Jefatura Política; Gobernadora Prov. Imbabura M.ª Gabriela Jaramillo Puente; Junta Parroquial; Policía Nacional
Estimadas Sras. y Sres. Autoridades:
Ha llegado a mi conocimiento, que la parroquia de Buenos Aires y sus comunidades, así como la comunidad indígena Awá de Palmira, en el cantón Urcuquí, provincia Imbabura, denuncian vulneración de sus derechos con la invasión por parte de la minera Hanrine.
En apoyo a los moradores de la parroquia Buenos Aires, cantón Urcuquí, exijo:
A las autoridades:
• Su intervención para que cesen todas las acciones de intimidación contra la población bonaerense y atiendan convenientemente las denuncias, sin criminalizar, acusar sesgadamente, ni prejuzgar al conjunto de la comunidad
• Den explicaciones completas sobre esta invasión minera injustificada y riesgosa en múltiples sentidos
• Efectúen la restauración los pasivos ambientales resultado de la minería ilegal hasta la fecha, de los que nadie quiere hacerse cargo: regulando y controlando toda actividad con impacto ambiental, de acuerdo a la ley y garantizando derechos Humanos y de la Naturaleza, la Constitución e instrumentos internacionales como el Convenio 169 OIT
• Respeten y garanticen en la parroquia Buenos Aires, el derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política; y el derecho a la integridad personal y a la salud de las y los pobladores
• Establezcan mesa de diálogo y trabajo entre las partes en busca de la solución a este conflicto social que tenga como uno de sus posibles resultados una Consulta previa, libre e informada, al respecto del ingreso de la minera
A la Corte Constitucional:
• Acoja de urgencia la Acción de Protección Extraordinaria presentada por la miembros de la comunidad.
A la policía nacional:
• Realice sus labores y controle e impida el ingreso de empresas, maquinarias y trabajadores en este territorio, atendiendo a la preocupación ciudadana, en tando no se haya clarificado completamente la situación
• reciban las denuncias que se realicen
En cuanto a las Fuerzas Armadas presentes en la zona
• de acuerdo con la Constitución, su misión no es el mantenimiento del orden público, función de la Policía Nacional, por lo que el objetivo de su presencia requiere clarificación
El mundo está mirando lo que sucede en Buenos Aires. Espero sus prontas respuestas.
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informe de la Contraloría General del Estado (2020)Informe-DNA6-0009-2020. Dirección Nacional de Auditorías de Recursos Naturales. Contraloría General del Estado. Pág. 18, 22., del periodo 2016-2019
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