Un conflicto paralelo: minera australiana y mineros ilegales
En 2021, las comunidades de la parroquia La Merced de Buenos Aires, Imbabura, Ecuador cortaron el paso a la invasión minera. (© Bonaerenses Unidos Protectores del Ecosistema - BUPROE)
Manifestación en contra de la minería en la zona (© Ivan Castaneira/Agencia Tegantai)
Catástrofe causada por la minería ilegal, peligrosos derrumbes en la ladera invadida (© Ivan Castaneira/Agencia Tegantai)
La vocación de las comunidades locales es eminentemente agrícola y ganadera (© Ivan Castaneira/Agencia Tegantai)
30 ene 2023
La decidida resistencia de las comunidades de la parroquia La Merced de Buenos Aires en la provincia Imbabura, al norte de Ecuador frente a proyecto minero de oro y cobre continúa. Al frente del proyecto minero está la transnacional Hanrine Ecuadorian Exploration, de la australiana Hancock Prospecting.
La parroquia La Merced de Buenos Aires, al norte del Ecuador, estuvo invadida durante 3 años, entre 2017 y 2019, por mineros ilegales que se instalaron en una de las áreas concedidas a HANRINE ECUADORIAN EXPLORATION, subsidiaria de la australiana Hancock Prospecting.
Después de la invasión minera de estos grupos informales en 2017, la comunidad tomó conciencia del riesgo que corrían no sólo sus territorios, propiedades, ríos y el bosque, sino también sus derechos y decidieron organizarse para rechazar todo tipo de minería en su territorio, defender los bienes comunes, la vida digna de la comunidad, la soberanía alimentaria y las economías locales.
En 2019, por decreto presidencial, se ordenó el desalojo de los mineros ilegales que estaban acabando con la zona. Se desconocen las razones exactas por las que dicha orden tardó tanto tiempo en dictarse. A finales de ese mismo año, HANRINE ingresó a la parroquia para iniciar actividades en su concesión, conocida como IMBA. Según informe de la Contraloría General del Estado (2020), la concesión fue otorgada a la minera de oro y cobre cuando el catastro minero estaba cerrado. Hay que señalar además, que dicha concesión fue otorgada por el Estado ecuatoriano a espaldas del pueblo, que no pudo ejercer su derecho a la Consulta previa, existente para las comunidades, de acuerdo a lo que establece la Constitución ecuatoriana.
La conflictividad en la zona ha ido escalando progresivamente a niveles sin precedentes de violencia. Desde el aparato estatal, junto los medios de comunicación tradicionales y las empresas mineras se emprendió una campaña para deslegitimar la defensa del territorio, acusando de “mineros ilegales” a comunidades precisamente afectadas por el problema. El estado ecuatoriano decidió instalar un campamento militar y policial para controlar la zona. El conflicto corre para la comunidad en paralelo, tanto con la minera transnacional australiana que intenta repetidamente ingresar para comenzar con la exploración, como con los mineros ilegales, que jamás se retiraron de la zona por completo y siguen operando a la vista de todos, incluida la fuerza pública.
Imposición de la minería con violencia y comunidades en resistencia
Acogidas a su Derecho a la Resistencia, a inicios de 2020, las comunidades impidieron el paso durante 4 meses a la australiana HANRINE en uno de sus intentos de establecerse en la zona. Se vivió un periodo de violencia sistemática, modus operandi habitual ejercida por el propio el Estado, también en otros territorios del país, para imponer la megaminería.
En julio de 2021, la transnacional australiana, obtuvo una Acción de Protección que demandaba a la Policía Nacional y Ministerio de Gobierno. La sentencia ordenaba a las instituciones demandadas, garantizar el libre tránsito de la compañía, sus trabajadores y maquinaria en la parroquia, así como el ingreso a la concesión minera, como reparación a la seguridad jurídica de la empresa. Una de las medidas ordenadas fue el uso progresivo de la fuerza por parte de Policía Nacional y Fuerzas Armadas. A principios de agosto de ese mismo año, en horas de la madrugada un contingente de 900 policías se enfrentó a los comuneros, dejando saldos de personas de la comunidad heridas y criminalizadas, entre ellas mujeres, menores y adultos mayores.
Dicho y hecho. A través del uso de la violencia, HANRINE ingresó a la concesión minera, de manera que la legalidad de tal proceso se cuestionó seriamente. De hecho, meses más tarde se supo gracias a un informe del Consejo de la Judicatura que la sentencia a favor de la empresa minera fue obtenida de manera irregular. En el mismo se detalla que hubo un error en el sorteo correspondiente. El proceso ingresó como “procedimiento: verbal sumario por Asunto: Cobro de honorarios de abogado” y tal particular nunca fue corregido en el transcurso del proceso, ni en la sentencia emitida en la primera instancia. Mientras que en segunda instancia de este proceso legal impugnado por los demandados, la Corte Provincial de Pichincha ordenó a Fiscalía investigar este hecho, pero no analizó los efectos con relevancia constitucional que pudo haber tenido las irregularidades comprobadas del sorteo en relación a las comunidades de La Merced de Buenos Aires.
Actualmente, las comunidades de La Merced de Buenos Aires se encuentran a la espera de la sentencia que pueda dictar la Corte Constitucional del Ecuador, tras haber acogido un recurso legal de Acción Extraordinaria de Protección presentado en marzo del 2022.
Dicho recurso va en contra de una sentencia emitida previamente por la Corte Provincial de Pichincha. La comunidad sostiene haber sido excluida como parte interesada en el proceso legal, puesto que sufrieron daños inmateriales severos a escala comunitaria tanto en el tejido social y como a nivel individual. La Corte Constitucional del Ecuador decide acoger la demanda de las comunidades, puesto que tiene relevancia constitucional que permite abordar la seguridad jurídica humana y este es un asunto de trascendencia nacional.
informe de la Contraloría General del Estado (2020)Informe-DNA6-0009-2020. Dirección Nacional de Auditorías de Recursos Naturales. Contraloría General del Estado. Pág. 18, 22., del periodo 2016-2019
ConstituciónConstitución de la República del Ecuador (2008). Artículo 398, establece que “Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente”.
su Derecho a la ResistenciaArt. 98 Constitución de la República del Ecuador.
Acción de ProtecciónAcción de Protección No. 17204- 2021-02258
principios de agostoEl martes 27 de julio de 2021, un poblador fue víctima de heridas de arma blanca por parte de una de las personas que llegaron con la empresa Hanrine.
El 2 de agosto de 2021, tanquetas y buses con militares y policías irrumpieron en la comunidad en contra de voluntad y la firme resistencia del pueblo bonaerense forzando su entrada en la comunidad. Ver el alerta de la Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador.
Acción Extraordinaria de ProtecciónPortal de la Corte Constitucional del Ecuador https://portal.corteconstitucional.gob.ec/FichaCausa.aspx?numcausa=393-22-EP
Corte Constitucional del Ecuador decide acoger la demandaResolución Corte Constitucional del Ecuador en https://drive.google.com/file/d/1XMfTZWmxrWxWX0de4pMew0-yMrsIrHBd/view?usp=share_link
