Petición terminada
Robo de tierras en Colombia: paramilitarismo institucional se consolida
Por la total impunidad que reina en Colombia, persisten las operaciones criminales de tipo paramilitar dirigidas a consolidar el agronegocio de la palma, del ganado, del plátano y la deforestación. Con profundo dolor e indignación, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la Red de Alternativas a la Impunidad informan que la situación con respecto al robo y tráfico de tierras se intensifica gravemente día a día en el Bajo Atrato y el Urabá antioqueño, en la emblemática y biodiversa región del Chocó.
La región ha sufrido más de 140 crímenes y 13 desplazamientos forzados. Ya es sistemática la violación al derecho fundamental a la alimentación a las familias de Caracolí- Curvaradó por parte de los empresarios de la ganadería extensiva y del plátano, ante la inacción de la policía que ignora las denuncias de las víctimas de los destrozos a sus cosechas. Estos empresarios criminales gozan y proyectan la consolidación y el control social del territorio, mientras las víctimas son criminalizadas en virtud de la “seguridad democrática” y el “Estado comunitario”. Justicia y Paz ha documentado exhaustivamente las evidencias de que las estructuras paramilitares están enquistadas en la vida económica y política de la región: “Las amenazas, las ocupaciones ilegales, el desconocimiento del Derecho, el uso del aparato judicial contra las víctimas operan eficazmente, desfigurando una vez más el propósito del Derecho, desvertebrando la relación entre la ley y la ética, entre la economía y la dignidad humana”, denuncian. Y describen cómo repetidas violaciones de derechos humanos de la población local suceden con complicidad de la policía y de la Brigada 15 del Ejército Nacional: “Lo paramilitar se impone sobre el derecho. Las autoridades locales obedecen las órdenes de los despojadores, las instancias de justicia obran a voluntad de los victimarios”.
Impunidad, inacción e ilegalidad por parte del Estado están a la orden del día. Significa esto que las operaciones paramilitares y paraempresariales se desarrollan a través de la institucionalidad de un Estado y que hoy se erige en Colombia como de Hecho, sin Derecho.
La anunciada desmovilización (como se conoce a la disolución de las estructuras paramilitares) es tan sólo simulada, y sobre ella se desarrollan nuevas estrategias de control social y territorial, político y económico a través de la misma institucionalidad local que hace a los empresarios que ocupan ilegalmente los territorios beneficiarios de trámites fraudulentos y de créditos oficiales.
Los hechos descritos suceden a las puertas de una Misión Internacional convocada por organizaciones nacionales e internacionales, que entre el 1 y el 11 de julio de 2009 verificará los impactos que la expansión de los cultivos para agrocombustibles (palma aceitera y caña de azúcar) en Colombia.
NOTA IMPORTANTE: Desde 2007 Salva la Selva ha organizado diferentes acciones de protesta por email en relación a esta problemática, y miles de cartas han sido enviadas a las autoridades colombianas en señal de acompañamiento a las comunidades y a los defensores de derechos humanos cuyas vidas tambien están constantemente amenazadas. Nuestros compañeros en Colombia nos manifiestan que es muy importante continuar enviando cartas, para contribuir a proteger a quienes luchan por su vida y su territorio y para frenar la impunidad. Sigan informándose sobre el tema y escriban a las autoridades.
Estimados Sres. Autoridades
Sr. FRANCISCO SANTOS, Vicepresidente de la República
Sr. FABIO VALENCIA COSSIO, Ministro del Interior
Sr. JAIME BERMUDEZ, Ministro de Relaciones Exteriores
Sr. ANDRES FERNANDEZ, Ministro de Agricultura
Sr. CARLOS COSTA, Ministro de Medio Ambiente
Sr. MARIO IGUARAN ARANA, Fiscal General de la Nación
Sr. ALEJANDRO ORDOÑEZ, Procurador General de la Nación
Sr. VOLMAR PEREZ, Defensor Nacional del Pueblo
Por la presente, me dirijo a usted indignado y escandalizado. Por medio de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz he podido conocer que no ha habido intervención efectiva del Estado ante las estructuras criminales empresariales en la región del Bajo Atrato y el Urabá antioqueño, donde el robo, tráfico y ocupación ilegal de las tierras de los pobladores locales se agrava día a día. Existen evidencias incontestables de que persisten las actuaciones de los ocupantes de mala fe comprometidos con las estructuras paramilitares, así como de las omisiones y actuaciones de responsabilidad directa de la Brigada 15. Tales abusos hacen imposible una restitución real de la propiedad colectiva ya ocupada ilegalmente, luego del despojo paramilitar.
En este contexto y tan sólo en los últimos días se ha producido presumiblemente la desaparición forzada de BEJAMIN GOMEZ en Caño Manso; el joven ULIFER PEREZ ha sido asesinado; persisten amenazas contra ENRIQUE PETRO; se llevan a cabo nuevas tácticas de ocupación ilegal de las tierras por parte de empresarios beneficiarios del paramilitarismo y ocupantes de mala fe en Andalucía, Caracolí, Caño Manso. Se denuncia además que el senador BUILES ordena desde la cárcel la ocupación de predios.
Me preocupa que su país aparece así como un Estado de hecho, sin Derecho, que desconoce los derechos de los pobladores afrocolombianos y mestizos sobre la propiedad de sus tierras. A pesar del conocimiento que ustedes permanentemente tienen sobre la grave situación, así como del desconocimiento de las Medidas Provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al respeto debido a las Zonas Humanitarias y el tema de las tierras, nada absolutamente nada de fondo sucede.
A todos ustedes, nuestra apelación como responsables del Estado Colombiano para que ejerzan de modo inmediato la autoridad delegada por los ciudadanos para actuar, por una vez, así sea la única vez, en eficacia y en el marco del Derecho.
Nuevos crímenes, nuevos mecanismos de despojo, nuevas constataciones de la criminalidad en las estructuras institucionales continúa sucediendo y absolutamente nada eficaz, oportuno se realiza por parte de ustedes.
Aprovechamos igualmente esta misiva, para exigir la seguridad en la zona de los miembros de las organizaciones de derechos humanos como Justicia y Paz, y la de observadores internacionales como Peace Brigades International y el desarrollo de su trabajo de acompañamiento de las comunidades en materia de derechos humanos.
Solicito a usted una respuesta a la mayor brevedad posible a todas las preocupaciones planteadas en esta comunicación. Sin otro particular, le saluda atentamente,
