Organizaciones de Brasil piden a la UE que no financie proyecto ferroviario y portuario en la Amazonía

Mapa que muestra la ubicación de los límites del proyecto portuario TPA

20 ago 2024

Empresarios portugueses proyectan un ferrocarril privado de mercancías en la Amazonia brasileña y un puerto de exportación en el Atlántico, con la participación de Deutsche Bahn (DB). Al parecer, actualmente están buscando inversores. La Unión Europea (UE) ha confirmado a Salva la Selva que está en conversaciones con la empresa operadora GPM sobre posible financiación al proyecto.

La embajadora de la Unión Europea (UE) en Brasil, la diplomática alemana Marian Schuegraf, ha confirmado, a raíz de una consulta escrita de Salva la Selva sobre la posible financiación comunitaria del proyecto ferroviario y portuario GPM, que su delegación ha "hablado con los promotores del proyecto Grão-Pará Maranhão (GPM)".

También "ha dado prioridad a reunirse con la comunidad quilombola de Cajual, afectada por el proyecto, para obtener información de primera mano directamente". Así nos respondió la embajadora de la UE Schuegraf.

En la isla de manglares de Cajual se construirá un puerto privado de aguas profundas (25 m) para los mayores barcos graneleros del mundo, con una capacidad de 400.000 toneladas, una zona industrial y una conexión con la línea ferroviaria prevista. También se construirán terminales e instalaciones de almacenamiento de gas de fractura hidráulica, petróleo crudo, mineral de hierro, bauxita, productos agrícolas, fertilizantes y contenedores, así como un centro de hidrógeno.

Organizaciones brasileñas piden que la UE no financie GPM

15 organizaciones de Brasil han enviado una carta detallada a la UE y han pedido a Salva la Selva que la remita a la Comisión Europea. Piden a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la embajadora de la UE en Brasil, Marian Schuegraf, y a todas las instituciones de la UE que no apoyen ni financien el proyecto Grão-Pará Maranhão por razones sociales, jurídicas y ambientales.

A principios de abril de 2024, la embajadora de la UE en Brasil encabezó una delegación de 19 embajadores de países de la UE al estado de Maranhão. El programa de visitas incluía el actual puerto de exportación de Itaquí, situado cerca de la ciudad de São Luís, justo enfrente de la isla de Cajual, al otro lado de la bahía de São Marcos. La delegación de la UE también visitó el distrito de Alcântara, al que pertenece la isla. Los responsables de GPM también estuvieron presentes en elacto "Misión de la Unión Europea", organizado por la asociación industrial FIEMA, en el que se presentaron oportunidades de inversión a los embajadores de la UE.

En este contexto, artículos de prensa en Brasil relacionan la financiación de GPM a través de la iniciativa Global Gateway de la Comisión Europea. El fondo pretende financiar proyectos estratégicos en todo el mundo para la UE con hasta 300.000 millones de euros hasta 2027. En la página de Global Gateway sobre Brasil y en la ficha de país de Global Gateway de abril de 2024 se indican cuatro "iniciativas emblemáticas", entre ellas "Transporte multimodal y movilidad: construcción de infraestructuras portuarias y ferroviarias para colmar las lagunas existentes en infraestructuras y conectar Brasil con Europa". Estos fondos se canalizan a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de la UE, entre otros.

"Acuerdo de colaboración" entre GPM y la asociación local de la Isla

Particularmente cuestionable en este contexto es un acuerdo de asociación que los operadores del proyecto celebraron y publicaron en 2017 con tres personas de la Asociación Quilombola de la isla de Cajual (Associação de Moradores da Comunidade Negra Rural Quilombola de Vila Nova Ilha Do Cajual). En Brasil, los descendientes de antiguos esclavos africanos se autodenominan quilombolas.

En el acuerdo, los habitantes de la isla ceden el derecho de uso de 1.400 hectáreas de terreno de la isla a una filial de GPM por tiempo indefinido. Esto permitirá a la empresa construir el polígono industrial y el puerto previstos donde ahora viven y se ganan la vida los habitantes.

A cambio, la empresa quiere construir 51 viviendas, una escuela, un centro de salud, una sala de oración y un campo de fútbol para la población en un momento y lugar indefinidos y pagar a la asociación "el 6 % de los beneficios del proyecto con todos los beneficios asociados".

Las circunstancias bajo las que se realizó este contrato son muy cuestionables. Hay pruebas considerables de que el contrato no sería legal, ya que viola claramente numerosos requisitos básicos y leyes. Entre otras cosas, el contrato se elaboró aparentemente sin la adecuada participación y consulta de los isleños afectados, como exige el Convenio 169 de la OIT. La población no parece no haber obtenido toda la información como para tener una comprensión clara de su contenido ni de sus consecuencias de largo alcance, como el hecho de que está previsto su reasentamiento.

Dado que las autoridades brasileñas aún no han reconocido ni expedido títulos de propiedad colectiva de sus tierras ancestrales, tal como solicitaron las comunidades quilombolas del distrito de Alcântara durante muchos años, se trata formalmente de tierras públicas que la empresa GPM no puede simplemente acaparar para el proyecto portuario, industrial y ferroviario mediante dudosos acuerdos de arrendamiento con los residentes locales.