Primeros frutos para la resistencia contra la minería en La Merced de Buenos Aires

8 jun 2021

En Ecuador, un juez acaba de ordenar que la minera Hanrine debe despejar la vía pública en menos de diez días. Considera que las autoridades competentes del control y regulación de actividades mineras en el país han sido incapaces de resolver el conflicto socioambiental que lleva activo más de 40 días en torno a la comunidad de La Merced de Buenos Aires, que se encuentra vigilante y en vilo.

El juez Dr. Manuel Sucuzhañay, de la Unidad Multicompetente de Urcuquí, reconoce un inminente riesgo de vulneración a los derechos fundamentales de las comunidades afectadas por quienes pretenden imponer la actividad minera. Por ello, da un plazo de diez días a la empresa minera Hanrine para retirarse de la vía pública que está obstruyendo, y donde vehículos y mineros acampan e impiden el libre paso a los moradores de las comunidades, poniendo en riesgo su salud.

Fue esta urgencia por proteger la salud en un contexto de pandemia y en última instancia la propia vida, lo que dio ánimos a la comunidad a unirse para repeler la amenaza minera y defender su derecho a un ambiente sano y a elegir el modelo de desarrollo que prefieren tener, ligado a las actividades tradicionales de la agroforestería y la ganadería. El área forma parte de la reserva ecológica Cotacachi-Cayapas, un ecosistema único, que forma parte de la bio región Chocó y con una importancia fundamental para la región andina.

El Estado ecuatoriano entregó una concesión minera y una vez más ha dado muestras de incompetencia a la hora de manejar el conflicto suscitado con policía y ejército, una vez que la empresa pretende pasar y la comunidad se niega a permitirlo. La zona fue castigada por una intensa actividad minera ilegal en el pasado, y sus habitantes se resisten a repetir la pesadilla vivida.

Por el momento, el pueblo bonaerense considera las medidas cautelares dictadas por el juez Sucuzhañay una victoria. Es un momento clave, ya que un nuevo gobierno acaba de asumir funciones hace tan sólo dos semanas, y entre otras promesas electorales, el nuevo presidente Guillermo Lasso se comprometió a prohibir la minería.

La comunidad agradece al asambleísta Mario Ruíz, el cual presentó la acción de amparo con el fin de ayudar a evitar que se produjeran más enfrentamientos. En un comunicado, el asambleísta pide que se ejecute la sentencia a la mayor brevedad, así como "soluciones de fondo", y declaró: "La sentencia marca un precedente histórico en que los pueblos a través de la justicia constitucional hacen prevalecer sus derechos frente a las grandes transnacionales". La minera causante del conflicto tiene su raíz en Australia.

A pesar de la buena noticia, Salva la Selva mantiene activa una petición en apoyo de la comunidad que suma casi 92.000 firmas. La carta dirigida a las autoridades exige que “cesen todas las acciones de intimidación contra la población bonaerense y atiendan convenientemente las denuncias, sin criminalizar, acusar sesgadamente, ni prejuzgar al conjunto de la comunidad” garantizando el derecho a la protesta y la resistencia. Además, que aclaren todas las circunstancias de la concesión minera y que se desarrolle un proceso adecuado de consulta incluído el de Consentimiento Previo Libre e Informado CPLI al que tiene derecho la comunidad indígena Awá afectada directamente. Dichos procesos han sido hasta el momento inexistentes.

La parroquia de Buenos Aires solo recobrará la paz cuando se extingan las concesiones mineras impuestas sobre el territorio sin que mediara ningún tipo de consulta. Otra exigencia que sigue abierta es la reparación de los daños infringidos por la actividad de minería ilega habida durante algunos años. Por eso, la vigilancia internacional continúa atenta y seguiremos informando sobre lo que pasa en La Merced de Buenos Aires hasta que el conflicto se resuelva totalmente.

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Más información, de la ecuatoriana Alianza por los Derechos Humanos.